El Govern está estudiando si el decreto del Gobierno central de octubre de 2017 que facilitó el traslado fuera de Cataluña de sedes sociales de empresas está dentro de la "legalidad", ya que considera que han podido vulnerarse los derechos de los accionistas.
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
Lo ha dicho en rueda de prensa la portavoz del Govern, Elsa Artadi, tras la reunión que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha mantenido con los líderes sindicales Javier Pacheco (CC.OO.) y Camil Ros (UGT) y con los dirigentes patronales Josep González (Pimec), Ramon Adell (Fomento del Trabajo) y Helena de Felipe (Fepime).
Artadi ha argumentado que el decretó facilitó que el traslado de una sede social se aprobara solo por voluntad de los directivos de empresas sin pasar por la junta de accionistas, y que esto podría vulnerar "la propiedad privada de los accionistas que participan en las empresas".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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