Atenas, 30 may (EFE).- Cuando faltan tres meses para que Grecia abandone el tercer programa de rescate, el país vuelve a vivir hoy una huelga general contra las políticas de austeridad, esta vez con un seguimiento aún más pobre del habitual.
Es la primera del año y la octava que se celebra desde que Alexis Tsipras asumió el Gobierno hace algo más de tres años, y los ciudadanos parecen cansados de salir a la calle sin que su protesta tenga consecuencias.
Los comercios y los bancos están abiertos, el metro funciona, y autobuses, tranvías y trolebuses se han quedado en las cocheras tan solo durante el turno nocturno. Lo volverán a hacer esta noche y mañana.
El paro, en cambio, es absoluto en los ferrocarriles y en los ferries; los hospitales y las consultas médicas públicas solo ofrecen servicios mínimos.
Además, ha habido media docena de cancelaciones de vuelos.
A la huelga se han sumado asimismo los profesores de la enseñanza secundaria, a pesar de que están en curso los exámenes escolares, y los medios de comunicación, aunque algunos digitales mantienen un servicio reducido de información.
"Unimos fuerzas contra la austeridad, el desempleo y la excesiva carga impositiva". El eslogan con el que los dos principales sindicatos -GSEE, del sector privado, y ADEDY, del público- han llamado a la protesta apenas ha logrado atraer a unos centenares de manifestantes en el centro de Atenas.
El sindicato comunista, PAME, y algunas fuerzas de la izquierda radical, en cambio, han logrado reunir a cerca de 10.000 personas, una cifra que se encuentra en la parte baja de su capacidad habitual.
Los griegos parecen cansados de salir a la calle, no porque haya esperanzas de que el final de la austeridad asociada al rescate esté al alcance de la mano, sino porque no hay fe de que ningún partido pueda revertir esta situación.
"Creo que ningún partido de los ya existentes está en medida de salvar a Grecia", señaló a Efe Kanelos Kotroyannis, un trabajador de limpieza municipal despedido, quien junto con un puñado de colegas ha acampado frente al Ministerio de Interior para exigir los contratos fijos que les prometió el Gobierno.
Tras ocho años de recesión, los datos económicos han mejorado y en 2017 el producto interior bruto (PIB) de Grecia aumentó un 1,4 %. La población, sin embargo, no nota todavía ninguna mejoría.
"Soy muy pesimista. He perdido mi trabajo y la situación es difícil en todos los sectores. Lo veo todo negro", recalcó Kotroyannis.
En los últimos cuatro años, el desempleo se ha reducido sensiblemente -a un ritmo de casi dos puntos porcentuales por año-, pero su tasa, con un 21,5 % de la población activa en 2017, sigue siendo la más alta en Europa y casi nueve puntos porcentuales por encima del 12,7 % de 2010.
Además, más de la mitad de las nuevas contrataciones son a tiempo parcial, con un sueldo mensual medio de alrededor de 376 euros.
Muchos de los que tienen un trabajo a tiempo completo tienen que subsistir con el salario mínimo interprofesional, que tras caer un 21 % durante los años de crisis, se ha quedado en 586 euros mensuales brutos.
A estas penurias se suma que a partir del próximo año habrá un nuevo tijeretazo en las pensiones -el decimotercero desde 2010- y la mitad de los 2,6 millones de jubilados sufrirán recortes de entre el 5 % y el 18 %.
Esta nueva reducción forma parte del compromiso pactado con los acreedores del país para garantizar superávit primarios por encima del 3,5 % hasta 2022, es decir durante los cuatro años posteriores al programa de asistencia financiera, una de las concesiones que más ira ciudadana ha desencadenado.
Con estos recortes, el Estado espera ahorrar 1.800 millones de euros anuales, a los que se sumará a partir de 2020 la reducción del gasto público en un 1 % del PIB, fruto de otra de las promesas hechas a los acreedores, la reducción del ingreso mínimo exento de impuestos.
Alexis Tsipras está negociando las condiciones para la supervisión posterior al rescate, que acaba dentro de tres meses, y ha prometido medidas para paliar el impacto de tantos años de austeridad, pero no convence a la población.
"La realidad nos ha demostrado que todo esto son promesas que no pueden ser realizadas. Cuando los hospitales no tienen fondos para los gastos urgentes, no se puede hablar de fin de la austeridad", señaló Maria Alfieri, trabajadora en hospital público.
