España se dispone a rebajar el déficit del 3% por primera vez en diez años en este mismo 2018, sí, pero no por ello podrá aflojar la senda de consolidación fiscal. Así lo hace saber la Comisión Europea en su informe de recomendaciones de primavera para nuestro país, al que exige un ajuste estructural del 0,65% del PIB para el próximo ejercicio presupuestario. Una cifra que, en virtud del crecimiento esperado, es compatible con un mínimo incremento del gasto de apenas 6.800 millones de euros. Ello en un 2019 puramente electoral, con municipales, autonómicas y europeas; y poco antes de que se celebren las generales, en 2020.
Bruselas no apercibirá a España este año por exceder el déficit previsto, del 2,2%, en cinco décimas. Una vez que el desvío se sitúa por debajo del 3%, el Estado miembro abandona el procedimiento por déficit excesivo y entra en el llamado brazo preventivo, mucho menos duro. En él, la Comisión busca que el esfuerzo se haga en términos estructurales, sin contar con el efecto del ciclo económico, y siempre de cara al equilibrio presupuestario, que en el caso español está incluso fijado en la Constitución.
Si bien el brazo preventivo no conlleva la posibilidad de sanciones, los incumplimientos en la orientación de la política fiscal que marca Bruselas sí podrían poner el rostro colorado al Ejecutivo. Si éste se saltara el límite de aumento de gasto de 6.800 millones, el 0,6% del PIB, tendría que lidiar con lo que en el argot comunitario se denomina procedimiento por desvíos excesivos. En caso extremo, la Comisión podría obligar al país a retener un depósito de hasta el 0,2% de su riqueza (unos 2.200 millones) hasta que reencauce su situación. Y si ésta persisitiera y el desvío volviera por encima del 3%, podría volver a activarse el procedimiento por déficit excesivo, que ha constituido una auténtica pesadilla para los sucesivos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
El límite del 0,6% de incremento de gasto viene fijado, precisamente, por la llamada regla de gasto, que limita el incremento previsto de los desembolsos al crecimiento potencial del PIB. Como el español, más allá del ciclo, parece condenado a un máximo del 1,5% anual, Bruselas estima que en 2019 el ajuste necesario debe ser del 0,65%, cifra que solo permite elevar el gasto un 0,6%.
El escenario podría haber sido aún peor. Fuentes comunitarias explican que la Comisión, en un principio, se decantaba por recomendar a España que directamente bajase el gasto el próximo año, pero se ha decidido una mayor laxitud con el fin de no perjudicar el buen ritmo de la economía, que encadena 4 años de avances.
Si por el lado del déficit nuestro país parece no tener respiro, sí lo obtendrá por la deuda. Cuando abandone el procedimiento por déficit excesivo no saltará directamente a otro por el enorme pasivo público, que supera el 60% del PIB. Tendrá una moratoria de tres años, hasta 2021, para estar en condiciones de comenzar a bajar esa deuda un 5% cada año, el equivalente a 2 puntos de PIB anuales.
