En ausencia de acuerdos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo, y casi sin fondos en la hucha de las pensiones, el Gobierno reconoce que el Estado tendrá que prestar dinero a la Seguridad Social mientras ésta siga en déficit. En el mejor de los casos, y según el Programa de Estabilidad remitido recientemente a Bruselas, los números rojos no desaparecerán hasta el año 2021, por lo que serán necesarios préstamos de casi 20.000 millones anuales para garantizar las jubilaciones tanto en 2019 como 2020.
Las cuentas son claras. El presupuesto del sistema, muy ajustado, da para pagar las doce nóminas ordinarias de los pensionistas pero no las dos extras, la de junio y la de diciembre. Teniendo en cuenta que el gasto mensual está a punto de sobrepasar los 9.000 millones, según los datos que difunde el Ministerio de Empleo, y que esa cantidad irá creciendo progresivamente hasta los 10.000 millones en el próximo bienio, el Tesoro tendrá que captar cerca de 20.000 millones tanto en 2018 como en 2019 para prestar a la Seguridad Social.
Esas cantidades se sumarán a los 10.192 millones que ya fueron necesarios en 2017, y a los 15.300 millones que los Presupuestos fijan de préstamo para el ejercicio en curso. Cantidades inferiores a las de los dos próximos años, pero por el hecho de que el Gobierno aún puede recurrir al Fondo de Reserva, del que va a extraer otros 3.826 millones este curso, posiblemente en el mes de junio. La hucha se quedará entonces en 4.269 millones, cantidad que no daría ni para abonar media mensualidad de pensiones.
Una previsión optimista
En total, los cuatro años de préstamos del Estado a la Seguridad Social sumarán una cantidad en torno a los 65.000 millones, todos ellos directos al preocupante registro de deuda pública. Ésta, tozuda, resiste por debajo del 100% del PIB pero no deja de crecer en volumen, y se sitúa por encima de los 1,16 billones de euros, cifra nunca antes vista.
El problema reside en que, al margen del Gobierno, pocas fuentes consideran plausible que, sin acuerdo del Pacto de Toledo, el Gobierno vaya a lograr dejar el déficit de la Seguridad Social a cero en 2021. No lo cree la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que lleva años hablando de déficit "latente" o estructural. Lo dudan la Comisión Europea y las agencias de calificación.
Y lo niegan expertos de todo tipo cuando ven, además, cómo el Ejecutivo ha pactado con el PNV ligar las revalorizaciones de las pensiones al IPC durante 2018 y 2019; y cómo ha dado marcha atrás con la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que ligaba las jubilaciones futuras a la esperanza de vida en la edad de retiro. El factor no entrará en vigor en un lustro -iba a comenzar a funcionar el próximo ejercicio-.
El avance de la recaudación por cotizaciones, superior al 5% desde mediados del año pasado, no basta por ahora para enjugar los números rojos de la Seguridad Social. El año pasado, la buena marcha de los ingresos permitió limar ese déficit en porcentaje del PIB, pero no en volumen. El sistema terminó con un agujero de 18.800 millones, levemente superior al del año precedente.
Cambio de tendencia
Con la revalorización de las pensiones con el IPC y la subida del 3% para las de viudedad y las mínimas, queda garantizado que, de nuevo, el gasto en jubilaciones subirá más que el PIB de España, lo que complicará sobremanera que el déficit de la Seguridad Social se vaya enjugando poco a poco.
Según la nómina de pensiones del mes de abril, última que ha difundido el Ministerio de Empleo, el gasto crecía a un ritmo del 2,93%, algo por debajo del ritmo económico español (que sujeta por la mínima el 3%). Sin embargo, la previsión es que el PIB quede por debajo de esa cifra, en el 2,7% según datos del Gobierno; mientras que el incremento de desembolsos de la Seguridad Social se sitúe incluso cerca del 4%.
El gabinete que encabeza la ministra Fátima Báñez volverá a depositar sus esperanzas en las buenas proyecciones del mercado laboral y en la posible creación de 450.000 nuevos puestos de trabajo este año. Gracias a ellos, no es descartable que el ritmo de recaudación de las cotizaciones supere el 5,3% actual.
También en la esperanza de que el Pacto de Toledo, este mismo año, garantice un nuevo marco financiero para el sistema. El entorno de Báñez se encarga de transmitir que puede haber acuerdo incluso en esta primavera, hecho que el renovado acercamiento entre PP y PSOE a raiz de la aplicación del artículo 155 en Cataluña puede terminar por convertir en cierto.
