Aprobar los Presupuestos es clave para reforzar el crecimiento y reducir el desempleo. Lo dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aún se aferra a la posibilidad de alcanzar el acuerdo para las Cuentas 2018 con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Pero a nadie se le escapa que, con la economía "como un tiro" -lo aseveran en el Ministerio-, la prórroga del Presupuesto del año pasado no es sino una buena noticia para el déficit español.
El hecho de que no entren en vigor los acuerdos suscritos entre el Gobierno, el partido de Albert Rivera y las formaciones canarias y vasca van a ahorrar unos 12.000 millones, según estimaciones de este periódico, y permitirán cumplir con holgura el objetivo del 2,2 por ciento pactado con la UE.
Ayer mismo, en un programa televisivo, Rivera recordaba que el coste de las medidas que en su día acordó con el Ejecutivo para aprobar los Presupuestos de 2018 ascendía a 8.300 millones de euros. La rebaja del IRPF para rentas inferiores a los 14.000 euros; la bajada del IVA del 21 al 10 por ciento para las entradas de cine; la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con sus homólogos autonómicos; y la ampliación del permiso de paternidad, no entrarán en vigor si, como parece, llegamos al mes de abril y la prórroga de las Cuentas de 2017 se mantiene por el resto de ejercicio en curso.
Tampoco verán la luz el abaratamiento de los vuelos interinsulares canarios y entre las propias Islas y la Península, ni se activarán inversiones extraordinarias. De ahí llegará otro ahorro de entre 500 y 800 millones, superior si el Régimen Especial canario, el REF, no avanza en el Congreso -aunque no parece que haya peligro por ahora-.
La carencia de Presupuestos hará, igualmente, que queden cancelados los pactos entre el Ejecutivo y el PNV, que una vez deshecho el nudo gordiano del Cupo consistían, según fuentes parlamentarias, en nuevas inversiones en infraestructuras y aceleración de transferencias pendientes en el Estatuto de Gernika. Pese a que los negociadores apenas se han pronunciado sobre sus conversaciones, un pacto similar al que suscribieron las partes el año pasado para los Presupuestos 2017 tendría un coste para las arcas de entre 1.500 y 3.000 millones.
Bueno para el desvío...
Un ahorro, por tanto, de unos 12.000 millones vital para el cumplimiento del déficit del 2,2 por ciento. Partimos de un previsible cumplimiento del 3,1 por ciento en 2017, por lo que la reducción es de apenas nueve décimas, unos 10.000 millones. Esa cantidad es perfectamente asumible incluso sin ajustes para una economía que apunta a un avance del 2,3 por ciento -como mínimo, pues hay quien ve el PIB cerca del 3 por ciento- y en la que los ingresos deben crecer incluso por encima, hasta sobrepasar de largo los 200.000 millones.
El gasto únicamente tendrá que incrementarse para atender los compromisos de las pensiones, que se llevarán unos 4.500 millones más por efecto de la revalorización del 0,25 por ciento; la incorporación de 100.000 nuevos beneficiarios al sistema; y las mejores condiciones de jubilación de los recién retirados. El desembolso debe crecer también para las autonomías, en 4.000 millones, si Montoro quiere cumplir la promesa que hizo en junio. Ese aumento tendrá que aprobarse a través de Real Decreto Ley a partir de abril.
La partida de intereses de la deuda, presupuestada en 31.000 millones, apenas debe recibir 400 millones más, y es previsible que eso suceda solo sobre el papel. Las últimas emisiones del Tesoro demuestran que los tipos, en mínimos, son capaces de bajar aún más, por lo que no es descartable que la cifra final a abonar sea inferior y se consiga otro ahorro extra.
Lo mismo puede suceder con el desempleo, para el que está previsto dedicar 17.600 millones, solo 100 millones menos que en 2017 pese a que se espera una reducción del paro de casi un punto y medio.
Todo ello en un contexto en el que la inversión se mantiene en mínimos de 20 años por la prórroga, con Fomento, Energía y Agricultura dedicando 7.480 millones, los mismos que el año pasado.
No es de extrañar, por tanto, que Hacienda encuentre margen para aprobar una subida salarial considerable para funcionarios de entre el 2 y el 3 por ciento, tal y como ha sugerido Montoro varias veces.
... y malo para la economía
Ahora bien, pese a que la prórroga es positiva a efectos de déficit y eso lo reconoce hasta la oposición, la carencia de Presupuestos es un golpe a la credibilidad de España, con Bruselas, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI rememorando el aciago año 2016 en el que nuestro país se sumió en el desgobierno y en dos convocatorias electorales en apenas seis meses.
Tampoco resulta positivo a efectos económicos que se mantengan congeladas las partidas dedicadas a inversión, sobre todo en infraestructuras; a I+D+I; a subvenciones y ayudas de todo tipo; o a políticas activas de empleo. El primer capítulo preocupa seriamente al Banco de España y a la Autoridad Fiscal (AIReF), que durante el año pasado ya recordaron que la actividad se encontraba "tocando hueso" y muy por debajo de la de los países de nuestro entorno.
Por último, el hecho de que los ministerios deban controlar el gasto hasta el último céntimo y deban pedir permiso a Hacienda para desembolsar dinero cuando superen el 50 por ciento de su presupuesto, hacen pensar en un ejercicio de fuertes restricciones y muy poco estímulo público.