Aprobar un cupo como el vasco para Cataluña, cuyo peso sobre la economía española se sitúa en el 19%, restaría más de cinco puntos al crecimiento del resto del país y le haría perder al menos 230.000 empleos. A esa conclusión llega el Consejo General de Economistas en el estudio Riesgos e incertidumbre de futuro de la economía española, presentado este viernes en Madrid.
El citado estudio, elaborado por el catedrático de Econometría, Antonio Pulido, y por el director del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, Julián Pérez, calcula ese escenario partiendo de la base de Cataluña contara con una posición fiscal favorable respecto al resto de España del 2,5% de su PIB, como sucede con el País Vasco y Navarra en la actualidad.
Las conclusiones son sorprendentes. En ese caso, el saldo fiscal catalán, ahora negativo por valor de 9.900 millones según las últimas balanzas fiscales publicadas por Hacienda, pasaría a ser positivo y de 10.400 millones. El resto de comunidades empeoraría su posición, siendo paradigmático el caso de las que ya de por sí son habituales perdedoras del actual sistema de financiación.
Así sucede con la Comunidad de Madrid, quien con un saldo fiscal de partida ya desfavorable, de 19.205 millones, pasaría a otro aún más negativo, de 27.894 millones. Baleares, otra región infrafinanciada, empeoraría desde los 1.516 a los 2.202 millones, y Valencia pasaría de 1.735 millones de déficit a 2.519 millones. Incluso Euskadi, con una cómoda posición de superávit de 3.387 millones, tendría que ceder terreno y bajar a 2.324 millones.
Los efectos serían mucho más palpables sobre el empleo. En concreto, y según los cálculos de los citados economistas, el resto de España sufriría una pérdida de 233.000 puestos de trabajo con la aprobación de ese régimen fiscal específico para Cataluña. Madrid, de nuevo, sería la región que más sufriría, con la destrucción de algo más de un tercio del total (82.759). Andalucía también se vería seriamente afectada y perdería 35.000 puestos.
Mientras, lo que pierde el resto lo ganaría Cataluña, que incrementaría su PIB un 5,2% y sumaría 202.000 nuevos empleos. Los autores no discuten la posición de infrafinanciación de esta comunidad autónoma y no entran a valorar si sería posible aprobar un estatus similar al vasco en su caso, si bien las cifras parecen confirmar que el no hay dinero, que esgrime Moncloa en privado, parece real.
El estudio del Consejo sitúa el procés como una de las grandes incertidumbres a las que se enfrenta a España junto al Brexit o el escaso desarrollo de la innovación en nuestro país. En este sentido, los economistas creen que el castigo puede ser inferior a cinco décimas si la tensión se sigue mitigando.
