La intervención de la Generalitat por parte del Estado a través del artículo 155 de la Constitución tiene fecha de caducidad: cuando se haya constituido un Gobierno en Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre. No obstante, otros mecanismos aplicados en la comunidad autónoma, como el control financiero que vigila el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, puede prolongarse más en el tiempo, sobre todo en función de cuál sea el Ejecutivo que salga de las urnas.
En ese sentido, desde el Ministerio de Hacienda apuestan por una retirada gradual del control financiero, que mantenga la vigilancia periódica sobre las cuentas autonómicas para asegurar el destino del dinero, según afirman fuentes del Departamento que dirige Cristóbal Montoro.
Desde Hacienda recuerdan que el control sobre el presupuesto catalán se ampara en los artículos 24 y 25 de la Ley de Estabilidad y no en el 155 de la Constitución, que se aplicó meses después. Por tanto, la decisión de mediados de septiembre de intervenir la totalidad de las Cuentas derivó del inclumplimiento del control que se había exigido a la Generalitat en el mes de julio, que debía informar semanalmente de sus gastos al gobierno central. Dicha supervisión tenía como objetivo certificar que no se destinaba dinero público a la celebración de un referéndum independentista.
Aunque desde el Ejecutivo no quieren concretar nada en este sentido, algunas fuentes apuntan a que, pese a que se trata de un asunto pasado, tras las elecciones se mantendría la supervisión semanal o mensual bajo la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En espera de las urnas
"La clave está en el 21-D", repiten como un mantra fuentes del Gobierno central, que supeditan también a esa fecha la negociación de los Presupuestos Generales de 2018 y de un nuevo modelo de financiación económica.
Respecto a las Cuentas del próximo ejercicio, la negociación se retomará a partir de enero. En el Gobierno creen que pasados los comicios autonómicos será más fácil entenderse con el PNV, cuyos votos son claves, y más teniendo en cuenta que desde el propio Gobierno descartan un hipotético respaldo del PSOE.
Cuestionados sobre este asunto, los nacionalistas vascos ponen sobre la mesa dos requisitos para negociar los Presupuestos: que se retire el 155 y que salgan de prisión los exconsellers que siguen encarcelados.
Por lo demás, el Gobierno cumplió su compromiso de sacar adelante el cupo vasco en las Cortes y el PP se ha comprometido a apoyar los Presupuestos del Gobierno vasco. "Hay mucho hablado y avanzado", sostienen desde Hacienda. Aun así, en el Gobiero no quieren sorpresas y prefieren esperar unos meses a que se resuelva la gobernabilidad de Cataluña antes que arriesgarse a un Presupuesto fallido. "Podemos irnos hasta junio", admiten desde el Ministerio de Hacienda.
Un retraso que sería sostenible, ya que los actuales Presupuestos "cuadran" y permiten una prórroga hasta mediados de año, defienden en el Gobierno. Los compromisos pactados con Ciudadanos, y que ya están incluidos en el borrador, podrían aplicarse con carácter retroactivo.
Por ello, desde el partido liderado por Albert Rivera asumen el posible retraso. "Aunque sería preferible aprobar los Presupuestos en abril, no sería dramático irnos hasta junio", apuntan fuentes de la formación naranja.
El otro asunto pendiente, en el la reforma de la financiación autonómica, también tendrá que esperar, ya que no está previsto que se celebre un nuevo Consejo de Político Fiscal y Financiero para abordar este asunto hasta que no haya nuevo Gobierno en Cataluña. Si se celebrará un comité técnico preparatorio la próxima semana y otro el próximo 28 de diciembre, después de las elecciones en Cataluña.
