La nueva financiación tendría que incluir 13.000 millones más al año para satisfacer esa demandaEl Arco Mediterráneo y Madrid, los peor tratados por el último modelo según las balanzas fiscales.
Las comunidades autónomas reclaman al Gobierno el pago de más de 104.000 millones de euros en concepto de "deuda histórica" acumulada a lo largo de los últimos años. Es lo que se deduce de las exigencias que varias Administraciones regionales han trasladado a elEconomista, y que cobran una especial relevancia en estos momentos, justo cuando el Congreso ha renovado con abultada mayoría el Concierto y el Cupo vascos.
La demanda más multimillonaria parte de Cataluña, que, hasta que decidió levantarse de los foros multilaterales en los que se discute la financiación autonómica, reclamaba del Estado 9.375 millones de euros más al año de los que en la actualidad recibe. Es básicamente la misma cantidad de déficit anual que reflejan las balanzas de Hacienda.
La Comunidad Valenciana aduce que cada año le faltan 1.300 millones en concepto de financiación, así hasta un montante que asciende, según su presidente, Ximo Puig, a 16.000 millones en total.
Madrid traslada a este periódico que el actual sistema le deja sin abonar "más de 1.000 millones al año" para financiar sanidad, educación y servicios sociales en condición de igualdad con el resto de comunidades. Baleares, por su parte, habla de 312 millones al año, y Murcia, de 250 millones. Hay otras autonomías que también reclaman al Estado el pago de la "deuda histórica", pero no transmiten en público sus cifras.
Todas esas demandas arrojan una cifra anual que roza los 13.000 millones anuales y que llega a los 104.000 millones durante el periodo en el que ha regido la actual financiación autonómica desde que se aprobara en el verano de 2009.
Un concepto muy polémico
Existe cierta confusión respecto a los conceptos que caben en la llamada "deuda histórica", ya que cada comunidad autónoma la calcula con sus propios parámetros económicos y temporales. Aun así, esa reclamación tiene que ver con la financiación que la Administración regional dice sufrir de manos del Estado; y también con el supuesto maltrato recibido en el capítulo de inversiones públicas.
De cualquier manera, el actual sistema de financiación autonómica, aprobado en el año 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha abierto enormes brechas entre unas regiones y otras, como demuestran anualmente las balanzas fiscales que publica el Ministerio de Hacienda.
Las últimas, relativas al año 2014, muestran cómo la Comunidad de Madrid presenta el saldo fiscal más desfavorable del conjunto autonómico, con más de 19.200 millones de déficit, equivalente a casi 3.000 euros de agujero por ciudadano. Le siguen las Islas Baleares, con un déficit que en ese ejercicio sobrepasó los 1.516 millones (cada habitante aporta 1.373 euros más de lo que recibe del sistema común); y Cataluña, con un saldo en contra de casi 10.000 millones y una financiación por habitante negativa de 1.317 millones. Mientras, extremeños y canarios reciben 2.000 euros por habitante más de lo que aportan; y asturianos, castellano leoneses y vascos, más de 1.500 euros.
Ese resultado es compatible con lo que reconoce en privado el gabinete que comanda el ministro Cristóbal Montoro, hablando de "infrafinanciación" en todo el Arco Mediterráneo y en el caso madrileño. Además, todas esas autonomías anteriormente citadas son las que han elevado la voz para reclamar el cobro de la llamada "deuda histórica". A ellas hay que sumarle Andalucía, que demanda pagos del Estado desde que aprobó su primer Estatuto de Autonomía en 1980.
No habrá más recursos
La aprobación del nuevo Cupo vasco en el Congreso ha levantado una enorme polvareda entre las autonomías, pese a que una mayor parte de las protestas se canaliza aún en el ámbito privado. Pero el malestar se trasluce incluso en el seno del PP, el partido del Gobierno. Llamativo fue que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, reclamara el jueves "explicar muy bien" los términos del acuerdo entre el Ejecutivo y el PNV. Y más llamativo aún resultó el levantamiento, más o menos disimulado, de varias federaciones socialistas como la asturiana o la valenciana. Ximo Puig, por ejemplo, no criticó el Cupo directamente -sí lo ha hecho en el pasado- pero criticó que el Ejecutivo apruebe el marco fiscal de Euskadi antes que el del resto de comunidades autónomas.
El malestar puede convertirse en guerra política en cuanto Cristóbal Montoro se reúna con los líderes autonómicos para abordar, por fin, una reforma de la financiación que no termina de llegar. El ministro deslizó el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que las regiones "están más saneadas" por efecto de la reducción del déficit público, y por ello "no es necesario" que cuenten ahora con más recursos en el nuevo modelo. Para terminar de enredar el complicado acuerdo, Montoro aseveró que el futuro sistema tendrá como objetivo que los servicios públicos se financien con "equidad" en toda España. Esas declaraciones llegaban justo el día antes de que el pleno de la Cámara Baja rubricase el acuerdo del Concierto y el Cupo.
La situación, aún delicada
Más allá de la enorme reducción del déficit autonómico, que al término del año se situará probablemente por debajo del 0,6 por ciento pactado con Hacienda, lo cierto es que la crisis económica dejó claro que el modelo de financiación actual deja mucho que desear en numerosos puntos de España.
El Arco Mediterráneo es, de lejos, el que presenta peor situación. Cataluña acumula el mayor volumen de deuda pública autonómico con más de 75.000 millones de pasivo; la Comunidad Valenciana presenta la mayor ratio deuda-PIB, con más del 40 por ciento; y Murcia es, junto a Extremadura, la que presenta mayores desvíos presupuestarios. En el ángulo contrario se sitúan precisamente el País Vasco y Navarra, habituales cumplidoras de las reglas fiscales de déficit y deuda pública y con unas finanzas por lo general bastante saneadas. A ellas dos se le suma, curiosamente, Madrid, con la peor financiación de España y sin embargo con la ratio de deuda más baja del país.