El 1 de octubre el Gobierno perdió el relato y tal vez mucho más. Consecuencia de una gestión previa nefasta, aquel fatídico domingo decidió enviar a los colegios electorales a las Fuerzas de Seguridad, cayendo en la trampa de quienes previeron palos y los buscaron hasta la extenuación con el pueblo como rehén. Aquel día, posiblemente un millón largo de catalanes desconectó de España y tardará en volver, si es que lo hace.
Y es en ellos donde radica la enorme envergadura del reto que tienen por delante los poderes públicos si no quieren que el conflicto de convivencia entre ciudadanos se prolongue por más tiempo del debido.
Un mes después de aquella horrible jornada, Moncloa parece haberle tomado el pulso al 'procés'. La cosa iba en serio, debieron pensar los 'fontaneros' del presidente cuando a las 11 de la mañana se ordenó a la policía detener las cargas. Desde entonces, con más o menos acierto, el Ejecutivo parece haber entendido que convenía rebajar el tono; pactar con el PSOE y Ciudadanos una aplicación suave del artículo 155 de la Constitución; insistir en el mensaje de que existe separación de poderes y son los jueces quienes deciden sobre los que cometen delitos; y, sobre todo, apostar por las urnas como solución transitoria para calmar los ánimos de aquellos que deslizan que España es una dictadura.
Lo cierto es que gestionar un conflicto de tamaña envergadura entraña graves dificultades. Primero, porque ese millón largo de ciudadanos catalanes que quiere su propia República está dispuesto a comprar cualquier versión que traslade su 'legítimo president', aunque vaya a Bruselas a decir que la tierra es cuadrada; y ello hace que cualquier iniciativa política tenga que ser analizada al milímetro para que la mecha de la indignación no termine estallando. Y segundo, porque aunque convenga aflojar la dureza política, Rajoy y su equipo saben que con Cataluña han de enviar un mensaje rotundo en defensa de las instituciones y de la ley, no vaya a ser que aparezcan tentaciones similares en otros lares.
Por suerte para España, en el mayor acierto del Ejecutivo está influyendo el ridículo en el que ha incurrido el secesionismo desde que 'los Jordis' ingresaron en prisión. El penoso video de Òmnium, la butifarrada vegana de la ANC o la esperpéntica sesión del 'Parlament' en la que se aprobó la independencia, con una Carme Forcadell teledirigida por los diputados de Junts pel Sí y bajo el ojo escrutador de 500 fanáticos, han contribuido a aliviar la enorme tensión. A los partidarios de la independencia solo les faltaba un 'molt honorable' a la fuga con una web abierta desde el "exilio" para que su causa pierda crédito dentro y fuera de España.
Pero esto no se trata de cantar victoria. Lo que le conviene al país es llegar al 21-D en paz. Por eso, cualquier tentación de venganza debe ser reprimida, pues el 'procés' ni mucho menos acaba aquí. Después de las elecciones, el Gobierno tendrá que sentarse y, por fin, abrir los ojos ante un problema que lleva engordando décadas y que no solo creó Puigdemont. Porque los tribunales no bastan, y porque los catalanes, de uno u otro signo, merecen bastante más que un presidente que siga de perfil.