En Comú pide auditar los pagos de las eléctricas y evitar desfases como el detectado en Barcelona

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En Comú quiere investigar en todos los ayuntamientos si las compañías distribuidoras de electricidad y gas han cumplido con sus obligaciones tributarias municipales, y constatar si hay más casos de desfases como el detectado en Barcelona, donde una auditoría impulsada por el Consistorio que dirige Ada Colau detectó impagos por parte de Endesa de 860.000 euros y facturas no declaradas por valor de 1,8 millones.

Así consta en una proposición no de ley, recogida por Europa Press, que la formación catalana integrada en el grupo confederal de Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso a través de su portavoz Josep Vendrell, y en la que recuerdan que las empresas suministradoras de energía deben tributar el 1,5% de sus ingresos a las corporaciones locales.

Por ello, instan al Gobierno a promover, dentro de su ámbito competencial, investigaciones con el objeto de detectar "eventuales comportamientos de impagos recurrentes que pudieran suponer un lastre para el erario público".

FACILITAR DATOS TRIBUTARIOS

En Comú destaca que, a pesar de que la empresa distribuidora reconoció un error en el pago de las facturas, abonando la deuda correspondiente, recurrió ante la Justicia los 1,8 millones no declarados por no compartir la procedencia de esos pagos, alegando su calidad de intermediario en el cobro de cuotas de destinos específicos.

Sin embargo, esta formación señala que hay varias sentencias judiciales que desestiman esta argumentación, recordando que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia citó al propio Tribunal Supremo para señalar que en ningún momento se otorgó a las cuotas con destinos específicos la condición de cantidades cobradas por cuenta de terceros ni es posible atribuirles tal condición.

Asimismo, reconocen que la mayoría de administraciones públicas no tienen recursos suficientes para poder acometer una auditoría precisa de los pagos y facturaciones realizadas por estas empresas, por lo que piden al Gobierno que facilite "todos los mecanismos a su alcance para garantizar y hacer extensiva en todas las corporaciones locales, una defensa de la argumentación esgrimida por el Ayuntamiento de Barcelona".

Así, en su iniciativa reclaman al Ejecutivo que dé traslado a las distintas autoridades municipales de todos los datos tributarios disponibles y detallados, en relación a las tasas públicas abonadas por parte de distribuidoras y comercializadoras eléctricas.

HAY MÁS CASOS: ¿ES UN PROCEDER HABITUAL?

El caso del Ayuntamiento no es el único puesto en práctica en los últimos años, ya que en Madrid el equipo de Manuela Carmena comenzó a comprobar incidencias que indicaban que podría haber liquidaciones de las comercializadoras y distribuidoras eléctricas que no coincidían.

Indicios suficientes, argumentan desde En Comú, para concluir que "el proceder mantenido por Endesa en Barcelona podría ser el habitual entre el resto de empresas distribuidoras, e inclusive por las comercializadoras eléctricas".

Así, recuerdan que en 2015 la Junta de Andalucía obligó a Endesa a devolver 20 millones de euros facturados indebidamente en concepto de término de potencia, y el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que manifestaba que las distribuidoras habían realizado cobros superiores a los estipulados a los contadores de telegestión, pues muchos de ellos no prestaban sus servicios al no estar conectados debidamente a la red.

FALTA DE INVERSIÓN

Por otro lado, En Comú también recoge la preocupación manifestada por el propio ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ante "la falta de inversión" de Endesa en el conjunto del país, coincidente con áreas donde existían problemas de suministro.

En este sentido, consideran necesario que desde el Gobierno se impulse una auditoría que también certifique la inversión necesaria en las redes de distribución, con el fin de garantizar la calidad y seguridad del suministro.

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