El Gobierno aprobará esta misma semana un nuevo desembolso de los fondos de liquidez de Hacienda, que sirven para que las autonomías puedan financiar su déficit y atender compromisos de pago y vencimientos de deuda.
Según ha podido saber elEconomista, Cataluña volverá a ser la región que más dinero reciba durante el cuarto trimestre, con una cantidad no inferior a los 1.800 millones de euros. El departamento que dirige Cristóbal Montoro se encuentra en estos momentos ultimando los flecos del millonario desembolso, que aprobará el miércoles o el jueves (aún está por decidir la fecha exacta) la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
El desafío soberanista catalán y la proximidad del 1-O, fecha en la que los independentistas pretenden votar, no ha modificado el modus operandi que Hacienda utiliza con la financiación regional desde el año 2012. Por eso, y en un acto de normalidad, Moncloa aprobará los nuevos desembolsos de los fondos de liquidez y transferirá las cantidades mensualmente a las administraciones regionales.
El control sobre los desembolsos que hacen las comunidades autónomas con la financiación que les llega a través del FLA y de la Facilidad Financiera es estricto, tal y como aprobó la ley de creación de estos mecanismos de liquidez en el año 2012. Por eso no hará falta, en el caso catalán, adoptar más medidas de vigilancia que las contempladas en las normas.
De hecho, las medidas que aprobó el Consejo de Ministros del 15 de septiembre para controlar todos los gastos de la Generalitat y evitar que se dedicase dinero público a financiar actividades ilegales (como el pretendido referéndum), siguen el esquema del propio FLA.
Control exhaustivo
Hacienda supervisa ahora al milímetro cada uno de los pagos y transferencias que tiene que efectuar el Govern en todo el capítulo de gastos (transporte, justicia, subvenciones, nóminas de los altos cargos, incentivos a la actividad económica o cualquier otro tipo de servicios no esenciales). La excepción son la sanidad y la educación, considerados prioritarios, cuya financiación corre a cargo del Estado desde el martes pasado de forma "indefinida", tal y como advirtió la semana pasada el ministro Cristóbal Montoro en una comparecencia parlamentaria.
La más dependiente
Hasta el momento, y según los datos del propio Ministerio, los fondos FLA (para regiones incumplidoras del déficit) y Facilidad Financiera (para las que sí cumplen los objetivos de estabilidad) han dejado en los nueve primeros meses del año un total de 19.973 millones, cantidad algo inferior a la del año anterior por la importante reducción del desvío presupuestario autonómico el pasado año. El desembolso total previsto para los últimos tres meses del año será superior a los 5.000 millones y es posible que incluso pase de los 6.000 millones.
Cataluña, que no cuenta con el mayor déficit de España (ese dudoso honor le corresponde a Murcia, otra comunidad del Mediterráneo), pero sí con la deuda más importante, es la región que más dinero ha captado en 2017, sobrepasando los 5.300 millones. Le sigue, como es habitual, la Generalitat Valenciana, rozando los 4.000 millones. Y culmina el podio Andalucía, que de enero a septiembre ha percibido algo más de 3.500 millones.
Atendiendo a la financiación percibida desde que se crearon los mecanismos de liquidez en el año 2012, Cataluña vuelve a ser la más protegida por el Estado. En concreto, y según la página web del Ministerio de Hacienda, hasta el tercer trimestre de 2017 había recibido a través de estos fondos más de 70.000 millones de euros, cerca de un 30% del total español (240.326 millones).
Retraso por la EMA
Por otro lado, España retrasó ayer la presentación pública prevista en Bruselas de la candidatura de Barcelona a albergar la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) -situada actualmente en Londres-, tal y como estaba previsto.
"El acto de presentación de la candidatura de España a albergar la EMA se hará en octubre", confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad. La institución señaló que había barajado el 25 de septiembre como posible fecha, pero finalmente "se descartó por motivos de agenda" de la ministra, Dolors Montserrat, por lo que "se celebrará durante el mes de octubre", apuntaron las fuentes.
España quería que Barcelona albergase la sede de esa agencia, que cambiará de emplazamiento dentro del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el Brexit, por el que compite con otras 18 ciudades, entre ellas Ámsterdam, Dublín o Estocolmo.
