Empleo quita las agencias privadas como incentivo para repartir fondos a las CCAA

Madrid, 18 sep (EFE).- El Gobierno modificará varios de los criterios que se aplican para fijar cada año el reparto de los fondos para políticas activas de empleo entre las comunidades autónomas, entre ellos el que premiaba el uso de agencias privadas de colocación.

Según han señalado los representantes de varias comunidades autónomas tras la sectorial celebrada hoy en el Ministerio de Empleo, este indicador supone un 10 % en el conjunto de aspectos que determinan el reparto de dinero del Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE).

Junto a este cambio, se ha reducido el peso que tienen las sanciones a desempleados y se han modificado los porcentajes que supone el plan de garantía juvenil donde pesarán más los inscritos que la ejecución.

Cada año, el Gobierno reparte fondos entre las comunidades autónomas para abordar políticas de empleo.

Una parte de esas cuantías son fijas, en función del tamaño o el número de desempleados, y otra depende del cumplimiento de una serie de resultados en el desarrollo de las estrategias de empleo de cada comunidad.

En esa parte variable es donde entran esa serie de indicadores que el Gobierno ha acordado modificar y que venían reclamando diez CCAA, entre ellas Extremadura y Baleares.

La reunión de hoy también ha servido, además de para la prorroga del Plan Prepara, para desbloquear el reparto de 167 millones para políticas activas de empleo -la mayoría para desempleados de larga duración- que quedaron pendientes tras la falta de acuerdo de la sectorial de julio.

Esos 167 millones para 2017 se suman a los 1.893 millones ya asignados en la sectorial del pasado mes de abril.

De acuerdo a los datos de Empleo de julio, en este segundo desembolso la comunidad más beneficiada es Andalucía (39,9 millones), seguida de Cataluña (23,5 millones), Comunidad Valenciana (19,3 millones), Madrid (18,4 millones), Canarias (11,5 millones) y Galicia (10,8 millones).

Por detrás, Castilla-La Mancha (8,7 millones), Castilla y León (8,6 millones), Murcia (5,9 millones), Extremadura (5,4 millones), Asturias (4,6 millones), Aragón (3,5 millones), Baleares (2 millones), Cantabria (2 millones), Navarra (1,6 millones), y La Rioja (0,7 millones).