La imaginación toma el poder en el Ministerio de Economía francés. Para mantener el déficit por debajo del 3% del PIB el próximo año, los equipos del Gobierno estudian diversas posibilidades, y no precisamente las más esperadas. Entre ellas, hay una particularmente sensible en el ámbito político: según Les Échos, el Ejecutivo galo ha decidido distribuir en dos fases, durante el año 2018, la aplicación del descenso de las cotizaciones salariales, mientras que el incremento de la CSG (contribución social generalizada) asociado a esta bajada entraría en vigor el 1 de enero.
"El principio ya se ha establecido, pero quedan por determinar las modalidades exactas", explica una fuente del Gobierno. Esta opción debería permitir ahorrar miles de millones de euros si se compara con la factura total de esta reforma en caso de que el descenso total de las cotizaciones hubiera tenido lugar de inmediato. Y ello pese al riesgo de ofrecer a la oposición una buena oportunidad para atacar una de las medidas estrella del programa de Emmanuel Macron.
Elevación de la nómina
Esta reforma se presentó durante la campaña presidencial como una herramienta esencial para devolver poder adquisitivo a los trabajadores. La idea es aligerar las cargas que pesan sobre el trabajo, descargando en la CSG una parte de la financiación de la protección social. Por esa razón Emmanuel Macron ha prometido eliminar las cotizaciones por paro (2,4%) y enfermedad (0,75%) que soporta el empleado, medida que se ve íntegramente compensada por un incremento de la CSG (cuyo tipo pasará del 7,5 al 9,2%). Esta nueva distribución carece de efectos para el Estado, pero es positiva para la nómina del empleado, que se beneficiará íntegramente del descenso de las cotizaciones, mientras que repartirá el incremento de la CSG con los jubilados y los beneficiarios de ingresos del capital. El neto a pagar que repercutirá en su bolsillo será así superior al importe anterior.
El Gobierno galo asegura que la nueva versión de la reforma no cambia nada a este respecto. "Desde el 1 de enero habrá un aumento del poder adquisitivo del trabajador", afirman en el Ministerio de Cuentas Públicas. Si bien la totalidad del descenso de cotizaciones no será efectiva a principios de 2018, el Gobierno quiere que sea suficiente para que el neto de la nómina del mes de enero suba, aunque sea ligeramente.
Ventajas presupuestarias
Posteriormente habrá una segunda fase en la bajada de cotizaciones durante el año. "Todavía no se han decidido el calendario preciso y los importes exactos de las reducciones de cotización correspondientes a las dos fases", se afirma desde el Ministerio. "Finalmente, la totalidad de la reforma se llevará a cabo desde ahora y hasta finales del 2018, aunque el Gobierno cumplirá totalmente el compromiso contraído por el presidente de la República", subraya la misma fuente gubernamental.
Para el Ejecutivo, esta maniobra tiene ventajas presupuestarias evidentes. Durante algunos meses las arcas del Estado se nutrirán a la vez de la subida de la CSG y de la parte de las cotizaciones salariales que no se hayan suprimido todavía. Una cantidad nada despreciable, cada vez que el Gobierno quiere reducir el déficit público del 3 al 2,7% en 2018.
Desde el punto de vista político, sin embargo, la operación podría no ser tan redonda. Se calcula que una persona que cobre el salario mínimo interprofesional de crecimiento (SMIC) ganaría 250 euros más al año gracias a esta reforma. El efecto no debería por tanto ser muy espectacular en la nómina de enero si la bajada de las cotizaciones es parcial. Así que el Ejecutivo va a tener que redoblar sus esfuerzos por explicar en términos elogiosos los beneficios de su reforma, ya contestada por los jubilados.
De hecho, según una reciente encuesta de Odoxa-Guibor para Les Échos y Radio Classique, hecha pública el pasado mes de junio, el proyecto del Ejecutivo de Macron de aumentar la contribución social generalizada (CSG) para financiar una bajada de las cotizaciones generales no había sido bien acogido. El 69% de las más de 1.000 personas participantes en el sondeo consideraron la medida como una mala idea y solo el 31% la respaldaban.
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