
Madrid, 3 ago (EFE).- El número de empresas que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en el primer semestre del año aumentó el 6,2 % respecto al mismo periodo de 2016, un ejercicio que cerró con un 17 % menos de sociedades en liquidación tras tres años consecutivos de descensos.
Sin embargo, los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencian un repunte de las compañías que se decantan por el concurso para asegurar su supervivencia, 2.245 en el acumulado semestral de 2017 frente a las 2.106 registradas un año antes.
Alza que, con todo, afecta especialmente a las personas físicas sin actividad empresarial, que pasa de los 344 deudores del primer semestre de 2016 a los 531 hasta el pasado junio, el 35 % más en pleno proceso de recuperación económica.
Se cumplen así las previsiones de los expertos, que ya en marzo destacaban el cambio de tendencia en el comportamiento de la concursalidad y anticipaban crecimientos interanuales por primera vez desde 2012, argumentos refrendados por los cálculos del INE sobre el segundo trimestre del año.
La última Estadística de Procedimiento Concursal, que desde 2005 sustituye a la de suspensiones de pago y declaraciones de quiebra, expone que el número total de deudores entre abril y junio ascendió a 1.457, un 4,3 % más que en el mismo periodo de 2016.
Dicha tasa supone además un incremento del 10,5 % respecto a los tres primeros meses del año, cuando se registraron 1.319 procedimientos, e invierte de signo al acumulado del año, ahora en positivo con el 4,1 % más de concursos.
Una brecha que, no obstante, todavía podría corregirse en la recta final del 2017, ya que el tercer trimestre registra históricamente un menor número de concursos por la baja actividad administrativa y profesional vinculada a la creación o la destrucción de las empresas.
De los 1.457 deudores concursales de este segundo trimestre, 268 eran personas físicas sin actividad empresarial, lo que representa el 18,4 % del total.
Por volumen de negocio, el 34,2 % de las empresas concursadas se ubica dentro del tramo más bajo de actividad (menos de 250.000 euros) y corresponde, por lo general, a sociedades de responsabilidad limitada.
Respecto a la actividad desarrollada, el 22,1 % se dedica al comercio, el 16,4 % a la construcción y el 14,4 % al resto de servicios, mientras que por número de asalariados, el 57,3 % contaba con menos de seis empleados, y entre éstas, el 30,5 %, con ninguno.
A tenor de tales datos, el 0,07 % de las empresas dedicadas a la industria y a la energía iniciaron un procedimiento concursal en el citado periodo, frente al 0,006 % de las especializadas en agricultura y pesca.
El INE, que también desglosa su estadística en función de la antigüedad, concluye que el 22 % de las sociedades que entraron en concurso entre abril y junio había sido constituida hacía 20 años o más, mientras que el 20,1 % tenía menos de cuatro.
Entre estas últimas, el 25,1 % tiene el comercio como principal actividad, en tanto que el 56,5 % de las que acumulan mayor experiencia pertenecen a la industria, la energía y el comercio.
A nivel geográfico destaca tanto Cataluña (335) como Comunidad de Madrid (267), que concentraron en el segundo semestre el 41,3 % de los deudores concursados en España, seguidas de Valencia (175) y Andalucía (146).
Por debajo del umbral de los cien procedimientos País Vasco (89); Galicia y Castilla y León (69 en ambos casos); Aragón (56); Castilla-La Mancha (54); Canarias (40); Murcia (37); Baleares (31); Asturias (30); Extremadura (19); Cantabria y Navarra (17); y La Rioja (4).
Las comunidades donde más aumentó el número de deudores fueron Canarias y Madrid, el 48,1 % y el 36,2 %, respectivamente, en tasa interanual, mientras que La Rioja lideró los retrocesos en los concursos con una caída del 55,6 %, con Murcia a la zaga, el 27,5 %; Galicia, el 23,3 %; Valencia, el 13,8 %; Navarra, el 5,6 %; Baleares, el 3,1 %, y Andalucía, el 2,7 %.
La estadística incorpora información proporcionada por los juzgados de lo Mercantil, de Primera Instancia o de Instrucción con competencia en la materia, repartidos por el territorio nacional.
Todos los procedimientos se han producido al amparo de la Ley Concursal, aprobada de forma definitiva en mayo de 2015, y que persigue que las empresas que son viables puedan seguir operando, al tiempo que permite a los acreedores cobrar parte de su deuda.
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