Luxemburgo, 16 jun (EFE).- El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que está "convencido" de que el Gobierno griego tomará las medidas necesarias para desimputar al funcionario español que colaboró con el fondo de privatizaciones heleno, tal como piden España e Italia para desbloquear el desembolso de su rescate.
"Estoy convencido de que las autoridades griegas van a hacer lo posible y lo imposible para hacer que se produzca la desimputación y que no lleguemos a esa situación", dijo De Guindos en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) celebrado hoy en Luxemburgo.
El titular español añadió que ayer durante la reunión de ministros del ramo de la eurozona (el Eurogrupo) el ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, expresó su "compromiso explícito" de actuar.
En concreto, las autoridades griegas harán una petición a la Abogacía del Estado para que abandone la personación del Ejecutivo heleno en el caso, según De Guindos.
El ministro señaló que hubo una decisión "unánime" por parte del Eurogrupo de que "si no se hacen estos esfuerzos no se producirá el desembolso material de los 8.500 millones de euros".
Fuentes del Eurogrupo afirman que "varios ministros" expresaron su preocupación sobre el tema durante la discusión que tuvo lugar ayer y señalan que nadie se opuso a vincular la aprobación del desembolso a una solución para estos funcionarios.
"Es una cuestión para todo el Eurogrupo", dicen.
La decisión oficial sobre el desembolso deberá tomarla en julio por unanimidad la junta de Gobernadores del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que está formada por los ministros de Economía de la eurozona, con lo que España o Italia por sí solas podrían vetar el pago.
"Si se ve que el Gobierno griego toma todas las medidas necesarias para que el proceso acabe en una desimputación entonces el pago se producirá", incidió De Guindos tras recordar que el asunto se ha discutido durante meses pero el proceso judicial sigue adelante.
El funcionario español en cuestión, junto a un italiano y un eslovaco, todos miembros del consejo de expertos del fondo de privatizaciones heleno (HRAF), elaboraron un informe no vinculante sobre un proyecto que presuntamente terminó arrojando pérdidas "millonarias".
Esto llevó a un grupo de abogados griegos a presentar, en enero de 2014, una demanda contra los tres extranjeros y tres griegos que participaban en el mismo proyecto por haber actuado de "mala fe" a la que se sumó, en marzo de 2016, el Estado heleno.
Aunque en 2014, todavía bajo el Gobierno del conservador Andonis Samarás, el Parlamento griego aprobó una ley que concedía a todos los asesores del fondo de privatizaciones inmunidad penal, el caso siguió su trayectoria jurídica.
A comienzos de este mes, el Tribunal de Apelaciones de Atenas decidió, tras una larga investigación, juzgar a los expertos pero también a la dirección de HRAF de entonces al completo.
