SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)
Los tres grupos políticos presentes en el Parlamento andaluz aprobaron por unanimidad una proposición no de Ley del PP "en defensa de los puestos de trabajo y en rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Altadis en Cádiz", donde se trasladará al Ayuntamiento gaditano que, en caso de que haya finalmente un cierre de la factoría, no haya recalificación de los terrenos y se mantenga el uso industrial de los terrenos donde ésta se ubica.
Esta propuesta defendida por el parlamentario andaluz del PP por Cádiz José Loaiza, se aceptó finalmente al incluirse dos enmiendas del PSOE, una referida al respaldo a la posición y las propuestas que emitan comité de empresa y sindicatos en este asunto y otra por la que "se trasladará al Ayuntamiento de Cádiz la oposición del Parlamento andaluz a que los terrenos propiedad de Imperial Tobacco donde se sitúan las tres plantas de producción puedan ser recalificados para un uso distinto al industrial".
Durante el debate de la proposición los representantes de PP y PSOE se culparon mutuamente de la situación actual del sector tabaquero, de forma que desde el PSOE se consideró que "el Gobierno de Aznar hizo las cosas mal", tras lo que emitió su enmienda de evitar la recalificación de terrenos "como ya se hizo con la fabrica de Sevilla".
Por su parte, Loaiza ironizó diciendo que "la culpa de que se cierre todo la tiene el PP", pero agregó que "fue Zapatero el que aceptó el expediente de regulación de empleo y su Gobierno aportó el 25 por ciento del coste de las prejubilaciones".
El PP lleva esta proposición no de Ley al Parlamento de Andalucía para que "se mantengan todos los puestos de trabajo de la empresa y que se mantengan abiertas las tres plantas de Cádiz, porque son competitivas".
Según ya refirió anteriormente Loaiza, el objetivo es que se traslade este acuerdo al Gobierno de la nación para "el rechazo al ERE" y que "se respalden todas las posturas del comité de empresa de ALTADIS (ALT.MC).
El conjunto de los partidos expresó su rechazo al ERE y pretenden evitar la pérdida de 236 puestos de trabajo en Cádiz, cuya planta quedaría con 65 empleados en 2009 de llevarse a cabo este expediente.
