Es una obviedad que los programas electorales son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia representativa. En ellos, los políticos explican a los votantes lo que harán si resultan elegidos, de forma que se convierten en una especie de "contrato social". Además, a posteriori, la evaluación de las promesas sirve para atribuir responsabilidades. En resumen, para que el sistema funcione, la ciudadanía debe tener un amplio conocimiento de los programas y la seguridad de que van a ser cumplidos.
Sin embargo, un 63,4% de los españoles opina que los políticos elegidos como presidentes no tratan de cumplir con sus promesas electorales. Y ello a pesar de que, según un estudio, los partidos españoles cumplen de media con un 70% de lo que prometen en campaña. Entonces, ¿qué está fallando?
Según las conclusiones de la Fundación Transforma España, impulsora de una iniciativa que aboga por la evaluación previa de los programas electorales, el ya conocido nivel de desconfianza hacia la clase política se suma a la poca información existente sobre las propuestas de los partidos y su cumplimiento -algo en ocasiones influido por la falta de concreción de las mismas-, además de un bajo nivel de conocimiento ciudadano sobre ciencias políticas y económicas. Como solución, esta organización propone implementar una "evaluación ex-ante de los programas electorales", algo que hasta ahora solo ocurre en Países Bajos.
La Fundación Transforma España -asociación presidida por Eduardo Serra, exministro de Defensa-, detalla así los múltiples beneficios potenciales de la iniciativa: serviría para disciplinar a los partidos a la hora de incluir propuestas pocos viables o poco concretas; ayudaría a otorgar credibilidad a las propias promesas; podría aumentar el nivel de consenso entre las diferentes fuerzas políticas sobre los efectos de determinadas medidas; reduciría la influencia de partidos, medios de comunicación y grupos de presión en la voluntad de los votantes; y ayudaría a los ciudadanos a suplir su déficit de información.
El plan, titulado Coherencia económica de los programas electorales, propone a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como la institución ideal para llevar a cabo las evaluaciones de los programas, ya que, según explican, cumple con las premisas de independencia, rigor técnico y capacidad. Aún así, añaden que sería necesaria una reforma legal y el refuerzo de su estructura interna para cumplir con ese cometido.
Así, la Fundación Transforma España cree que la primera experiencia debería limitarse a una evaluación de las consecuencias presupuestarias directas de las propuestas durante la legislatura -es decir, efectos en ingresos y gastos públicos-. Conforme la institución evaluadora fuese reforzando su prestigio entre los partidos y la sociedad civil, extendería el alcance de su trabajo a las elecciones autonómicas y municipales, además de empezar a estudiar los efectos macroeconómicos de las propuestas.
Por otro lado, Transforma España también cree que el sometimiento de los partidos a estas evaluaciones ex-ante debería ser voluntario, de forma que sean las propias fuerzas políticas las que vean en la auditoría una forma de dar credibilidad a sus programas electorales. Lo que sí proponen es la introducción del principio legal de "cumplir o explicar", por el cual los partidos deberían argumentar o motivar por qué se apartan de las recomendaciones de la institución auditora.
Reacciones dispares
Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, asegura que su partido apoya la iniciativa, ya que consideran "fundamental" la existencia de una entidad "que certifique la viabilidad" de las propuestas: "Es difícil competir con programas que no se pueden cumplir. Se trata de restaurar la confianza en los partidos", afirma la representante naranja.
Por su parte, Ramón Moreno, diputado del PP en el Congreso de los Diputados, cree que la iniciativa es "positiva" y "muy ambiciosa". Sin embargo, Moreno opina que "no será fácil" hacerla realidad, ya que requeriría de un apoyo "total" del arco parlamentario.
