El férreo control autonómico del Ministerio de Hacienda, ejercido a cambio de prestar fondos a las regiones a través de los Fondos de Liquidez, funciona. El año 2016 cerró con un hito que hace tan solo un par de años parecía inalcanzable: por primera vez desde la crisis, las comunidades cumplieron la Ley de Morosidad y lograron abonar sus facturas a proveedores en un periodo medio de 29 días, frente a los 41 días de principios del año pasado y los 51 de hace dos.
A través de una nota de prensa, el gabinete que dirige el ministro Montoro informó de que los 29,46 días de demora se lograron al reducirse el periodo medio de pago en 3,8 días respecto a noviembre. La ratio de operaciones pendientes de pago bajó nada menos que en 19 días y se situó en 21; y compensó, de sobra, los 17,6 días en los que se encaramó la media de operaciones ya pagadas, que se sitúa ahora en 37 los días.
El Ministerio de Hacienda tuvo como prioridad, ya desde que comenzó la anterior legislatura, acelerar el pago a proveedores, al entender intolerable que hubiera negocios que tuvieran que echar el cierre a consecuencia de los retrasos en los pagos de las Administraciones. Desde entonces fue estrechando su vigilancia, y vinculó, con la creación de los mecanismos de liquidez autonómica, el propio pago de facturas. Quien quisiera beneficiarse del FLA o de la Facilidad Financiera debía, estadísticas por medio, demostrar que estaba reduciendo su retraso a la hora de atender compromisos financieros.
En 2016 ese control se redobló cuando Montoro fue consciente de que Extremadura y Aragón disparaban su mora por encima de los 100 días, y fue entonces cuando por primera vez el Estado se hizo cargo, sin intermediación de estas dos Administraciones regionales, del abono de facturas pendientes.
Toda esa presión, mal entendida en numerosas ocasiones por las comunidades, parece haber dado resultado, con una reducción del periodo medio de pago de más del 50% en tres años; del 45% en dos; y del 31% desde enero de 2016.
Cabe entender, aún así, que el principio de 2017 ha resultado más complicado. Aún no hay datos, pero no ha sido hasta marzo cuando Hacienda ha dado luz verde al préstamo de fondos a través de los mecanismos de liquidez, por lo que las autonomías han tenido que recurrir en este periodo a su propia tesorería o a las emisiones de deuda para atender vencimientos. Es plausible que ese periodo medio de pago avance transitoriamente, por tanto, en próximas estadísticas.
Enormes diferencias
Pese a que el conjunto del subsector autonómico cumple con la Ley de Morosidad, que fija en los 30 días el plazo máximo de pago en el caso de las Administraciones Públicas, las diferencias entre unos territorios y otros siguen siendo muy relevantes. Así, Castilla y León, que atravesó serias dificultades en 2016, es ahora la que mejor paga, a tan solo tres días. Mientras, Murcia lo está haciendo a más de 76 días, dos meses y medio de mora que han motivado el apercibimiento por carta de parte de Hacienda.
Entre las que menos tardan en pagar, y al margen de Castilla y León, se sitúan también Navarra y País Vasco (nueve días) y Andalucía (13 días). Mientras, en la lista de las que incumplen la ley acompañan a Murcia la Comunidad Valenciana (55 días de media); Cantabria (42 días); y las Islas Baleares (41 días).
Extremadura y Aragón, incursas desde el pasado año en ese procedimiento de control que les impedía gestionar la partida dedicada a proveedores, cumplen por sexto mes los preceptos legales, y el Ministerio les premia devolviéndoles a la normalidad.
El Ministerio también hizo público el viernes el periodo de pago de las administraciones locales, en esta ocasión con peores resultados: aún tardan 42 días de media en pagar, si bien han reducido en 20 días esa demora respecto al mes de septiembre. Entre las grandes ciudades, Valencia es la que mejor paga, dos días, frente a los 48 de Palma.
