La Justicia argentina tiene bajo la mira a las administradoras de fondos de pensión privadas y sus últimos movimientos financieros antes del anuncio del Gobierno de traspasar sus carteras al Estado, un plan que desató el caos bursátil en Buenos Aires y Madrid. El juez Claudio Bonadio ordenó esta noche registrar las sedes de las diez administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP) que operan en Argentina.
En el marco de una causa iniciada por una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan, quien pidió investigar a esas firmas por presunto fraude a la administración pública.
El fiscal acusó a las AFJP, controladas mayormente por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, de liquidar súbitamente sus tenencias en bonos públicos y acciones, ante el inminente pase de sus fondos al sistema estatal por una reforma que el Gobierno argentino propuso oficialmente el martes. En este contexto, Bonadío prohibió a las administradoras operar en el mercado financiero por el plazo de siete días.
Aunque por esa veda judicial el mercado local no tuvo a las AFJP como activos participantes, hubo masivas órdenes de venta de otros inversores que interpretaron el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones como una avanzada del Gobierno de Cristina Fernández sobre las empresas privadas.
El índice Merval de las acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires cerró hoy con una caída del 10,11%, hasta las 940,82 unidades, un nivel que no registraba desde mediados de 2004. BBVA (BBVA.MC) es el afectado directo por el anuncio de reforma en Argentina, ya que es propietario de Consolidar, una de las mayores AFJP del país suramericano.
Pero lo que más preocupó a los inversores es el hecho de que, con la nacionalización de los fondos de pensiones, el Estado argentino se convertirá en accionista minoritario de 14 compañías cotizantes en la bolsa porteña, varias de ellas de capitales españoles, como Gas Natural BAN, Grupo Concesionario del Oeste, Central Costanera, Metrogas y BBVA Banco Francés.
Para el ex ministro de Economía argentino Roberto Lavagna, el plan del Gobierno "está pegando en contra de la inversión y la creación de empleo" y se anunció de forma "incorrecta" e "improvisada", generando incertidumbre.
"Lo que no se puede hacer es un anuncio que es poco claro, justo además en un momento en que la situación interna de la economía argentina e internacional es negativa", opinó Lavagna en declaraciones a la televisoras locales.
Ningún portavoz del Gobierno argentino salió a calmar los ánimos, aunque el ministro de Planificación, Julio de Vido, se reunió con directivos de la petrolera YPF y de Telefónica, las dos empresas de capitales españoles más poderosas de Argentina, para garantizarles seguridad jurídica a sus inversiones y alejar los fantasmas de una estatización general de la economía.
