La trasposición de la directiva europea de servicios podría reducir a la mitad el diferencial de inflación con la UE-15
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno aprobó hoy el anteproyecto de Ley de trasposición de la directiva europea de servicios, que contempla, entre otras cuestiones, el libre establecimiento y ejercicio de una actividad en este sector sin necesidad de autorización previa, aunque con un control a posteriori, lo que reducirá los trámites, el tiempo y el coste de iniciar un negocio.
La futura ley supone, según destacó el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un "cambio conceptual" en el modo de trabajar de las administraciones, ya que los servicios soportan actualmente un "Via Crucis" administrativo en forma de requisitos y controles previos.
Con este ánimo, la futura Ley establecerá criterios comunes para todas las administraciones públicas, con el objetivo de servir de guía a todas ellas a la hora de establecer su regulación, bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
De hecho, sólo podrán exigirse requisitos a la libre prestación de servicios cuando estén debidamente justificados por razones de salud pública, de protección del medio ambiente, de orden público o de seguridad pública; sean proporcionados y no sean discriminatorios por razón de nacionalidad o domicilio social.
UNA REDUCCION DEL DIFERENCIAL DE INFLACION DE CINCO DECIMAS.
Entre los beneficios que comportará el cambio normativo a la economía, Solbes subrayó la posibilidad de que el diferencial de inflación con la UE-15, de un punto, se reduzca a la mitad, siempre que el sector alcance la competitividad media de la eurozona.
Así, el vicepresidente económico señaló al inicio de su comparecencia que ésta es "una de las leyes más importantes de la legislatura" y el "punto de partida para una profunda reforma del sector", el "más importante de la economía", con vistas a un mejor funcionamiento de la economía a largo plazo.
En este sentido, Solbes indicó que la futura ley supondrá una reforma "de las más relevantes en términos de modernización", en la que sólo habrá "la regulación necesaria", siempre teniendo en cuenta que "no hay que perder el control de lo que hay que controlar", y mediante la que se "facilitará la vida a los ciudadanos".
LIBERTAD DESDE EL PRIMER MOMENTO.
Para retratar el grado de libertad de establecimiento en el sector que contempla la futura ley, Solbes explicó que habrá cuatro escenarios posibles: El de libre acceso y ejercicio, el de libre acceso pero sujeto a requisitos que no requieren notificación, el de aquellas actividades que exigen una notificación sobre el cumplimiento de ciertos requisitos y el de autorización previa.
Este último caso será, Según Solbes, un caso "absolutamente excepcional" y siempre deberá estar debidamente justificado.
Además, subrayó que entre los esfuerzos por la simplificación burocrática se contempla el establecimiento de una ventanilla única, donde se podrán realizar de manera ágil todos los trámites administrativos --europeos, nacionales, autonómicos y locales-- para poder desarrollar la actividad de servicios en cualquier país europeo.
Asimismo, subrayó que se reforzarán los derechos y garantías de los consumidores, ya que se impondrán mayores obligaciones de información sobre el prestador y sus servicios.
Una vez que analizado el informe del Vicepresidente Segundo y ministro de Economía y Hacienda sobre el anteproyecto de ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios remitido al Consejo de Ministros, éste se someterá a audiencia pública y será remitido a las comunidades autónomas, a los órganos consultivos y al Consejo de Estado.
La voluntad del Gobierno es que el proyecto de Ley se apruebe antes de fin de año para proceder a su tramitación parlamentaria desde el inicio de 2009.
Además, el Ministerio de Economía y Hacienda elaborará, en el marco del grupo de trabajo para la transposición de la directiva de dervicios, en el que participan el resto de los ministerios, una propuesta de modificación de la normativa estatal de rango legal dirigida a garantizar el principio de libre acceso y ejercicio de las actividades del sector servicios.
