España comienza 2017 con el déficit público más alto de la Unión Europea, aunque habrá que esperar a marzo para conocer con exactitud los datos de cierre de los Veintiocho. Sin embargo, la Comisión Europea da por descontado que el déficit griego, hasta ahora más elevado que el español, ha sido inferior al 4,6% con el que nuestro país previsiblemente cerró 2016, gracias a la tutela de las autoridades europeas y a las fuertes medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno de Alexis Tsipras.
El trasfondo es que España mantiene déficit primario (previsto en el -1,8% en los objetivos enviados por el Gobierno a Bruselas), frente al superávit primario heleno, logrado por primera vez tras el rescate en 2014. Es decir, el saldo entre ingresos y gastos excluidos los intereses es en nuestro caso desfavorable y demanda más medidas de convergencia entre la recaudación y los desembolsos. Nuestro país se queda, así, en lo más alto de la tabla, seguido ya de lejos por la citada Grecia, Reino Unido y Francia, los otros dos únicos socios que aún incumplen el Pacto de Estabilidad y el déficit del 3%.
Con el 4,6%, España suma un año más en procedimiento abierto por déficit excesivo, medida correctora que recoge el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la UE y que activa la Comisión cuando detecta que un socio excede ese desvío del 3%. Cuando eso sucede, Bruselas consulta al Consejo Europeo, quien, si procede, dirige al incumplidor una serie de recomendaciones de obligado cumplimiento. Si el Estado persiste en su desobediencia, la UE puede imponer una multa como la que esquivó España el último verano.
En nuestro caso, 2008 fue el año en el que el déficit se encaramó por encima del 3%, aunque no fue hasta 2009 cuando la Comisión abrió el procedimiento sancionador y estrechó su vigilancia sobre nuestras finanzas. Desde entonces, España ha pasado de un desfase de más del 11% a otro del 4,6% que, pese a su intensidad, ha resultado insuficiente.
Con Reino Unido a punto de salir del club de los Veintiocho, se prevé que esta primavera la Comisión recomendará al Consejo que abandonen el procedimiento Bélgica, Portugal, Rumanía y, posiblemente, Grecia. Si las previsiones europeas se cumplen, España abandonará la estricta vigilancia en 2018, al tiempo que Francia, que hoy exhibe un desvío del 3,3%. No obstante, Bruselas ha flexibilizado en repetidas ocasiones los objetivos a gobiernos que llevan años sumando incumplimientos y podría retrasar la perspectiva de bajar el déficit al 2,2% en 2018. Cuando por fin España evite la tutela, habrán pasado nada menos que diez años para bajar un desfase originado sólo en el bienio 2008 y 2009.
