El Tribunal Supremo ha ratificado su decisión de declarar inaplicable el régimen de financiación del bono social eléctrico, un descuento del 25 % para determinados consumidores considerados vulnerables, tras desestimar el incidente de nulidad interpuesto por el Gobierno el pasado noviembre.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza así los argumentos planteados por el Ejecutivo, que en su escrito alegó una supuesta vulneración de la tutela judicial efectiva al no haber planteado ni una cuestión de inconstitucionalidad ni una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El auto, al que ha tenido acceso Efe, descarta dicho quebranto ya que el modelo planteado infringe la propia normativa comunitaria y valora que los motivos expuestos por la Administración coinciden "en gran medida" con los del incidente de nulidad promovido en febrero del 2012, cuando el Alto Tribunal anuló por primera vez este mecanismo.
Esta decisión del Supremo se conoce apenas una semana después de que el Consejo de Ministros aprobará el real decreto que regulará el nuevo mecanismo de financiación del coste de este bono social.
Ahora pasarán a costearlo todas las comercializadoras eléctricas, lo que supondrá repartir entre un mayor número de empresas su coste -unos 200 millones de euros al año- aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) por sus cuotas de mercado.
