El año 2016 concluye sin que el Gobierno haya anunciado una sola reforma estructural, más allá de su intención de consensuar en el Pacto de Toledo un nuevo método de financiación de las pensiones; de animar, casi de refilón, a más fusiones en la banca; o de introducir retoques en el ámbito del emprendimiento y la contratación.
Una prudencia justificada en el hecho de que Mariano Rajoy necesita a otras fuerzas políticas, pero que empieza a preocupar a las instituciones. Banco de España, Comisión Europea y FMI ya han advertido de que el parón reformista dura demasiado, y apuntan a la reforma de las pensiones de 2013 como el último cambio legislativo de gran importancia.
El último ha sido, precisamente, el supervisor español, quien en el Boletín Económico relativo al mes de noviembre reconocía que la formación de Gobierno había despejado dudas, pero le decía a Rajoy que la falta de definición de la política reformista podría generar ?incertidumbres?. Antes había sido el Fondo, quien tras su última misión a España reconoció los efectos de ?las impresionantes reformas? y animó a seguir por el mismo camino. Todo ello después de mencionar como claves para la evolución económica reciente las reformas laboral, de pensiones y financiera, aprobadas todas ellas antes de 2013.
Porque fue en aquel periodo donde el equipo de Rajoy sacó músculo, aprobando primero una reforma laboral que ha permitido crear empleo desde que el PIB rebasó el 0 por ciento, sin esperar a que creciese al 2 por ciento, como anteriormente. Esa reforma ha dejado la tasa de paro en el 19,2 por ciento, desde el 26 por ciento que tocó en 2013. Después llegaron la Ley de Unidad de Mercado, aún por desarrollar plenamente; la reforma de las Administraciones Públicas, que aún sigue vigente pero para lo que no se han aprobado aún cambios; la reforma financiera -con rescate incluido- y la reforma de las pensiones, que en 2013 introdujo el llamado factor de sostenibilidad para topar revalorizaciones exageradas.
Desde entonces, Moncloa ha seguido aprobando numerosas modificaciones legislativas, pero ninguna ha sido decisoria a la hora de cambiar el modelo productivo español o para propiciar futuros cambios de calado en los ámbitos laboral, comercial, de pensiones u otros. Desde 2014, además, y por el inicio de un periodo electoral que se ha prolongado hasta mediados de 2016, Rajoy y sus ministros desaceleraron la toma de decisiones drásticas y, más bien, se dejaron llevar por medidas de tinte electoralista que además perjudicaron al déficit. Este año, por último, la ingobernabilidad ha hecho imposible legislar.
Un 2017 de incertidumbres
La intención de Moncloa es la de aprovechar la buena sintonía con C?s y PSOE para, desde el año que viene, impulsar una batería de reformas que preparen a España para el futuro. La financiación autonómica se antoja más urgente que nunca, y así lo señaló también el FMI, pero la disparidad de colores políticos en el mapa regional amenaza con demorar una resolución a corto plazo.
En el horizonte aparece también la reforma del sistema de financiación de las pensiones, aunque Empleo parece haber dado marcha atrás en su intención de extraer Viudedad y Orfandad de la caja común y fía los acuerdos a lo que suceda en el Pacto de Toledo.
Por último, 2017 incluirá la presumible introducción de la mochila austriaca en el ámbito de la contratación; el despliegue de la Ley de Unidad de Mercado; la aprobación de más medidas antifraude y un plan de acción para que las pymes ganen tamaño. Medidas todas necesarias, pero posiblemente insuficientes a ojos de los expertos.
