El Gobierno catalán está obligado a paralizar cualquier iniciativa que lo impulse
Como se podía anticipar dado su contenido, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el incidente de ejecución sobre la resolución, pactada entre Junts pel Sí y la CUP. En dicha resolución se instaba al Govern a que impulsara la consulta independentista y se reconocía "el derecho inalienable de Cataluña a la autodeterminación".
Esta resolución, aprobada el pasado 6 de octubre por el Parlamento catalán, da continuidad a la declaración del 9 de noviembre de 2015, en la que se instaba a la ruptura con España, y que había sido ya declarada inconstitucional. Por el momento, la suspensión es temporal hasta que el Tribunal la ratifique. A partir de ahora cuenta con un plazo de cinco meses para tomar una decisión. El gobierno catalán se ha comprometido a que el referéndum se realice "como muy tarde", la segunda quincena del próximo septiembre, tal como recordó el pasado martes la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté.
La decisión del Constitucional obliga a la presidenta del Parlament, -Carme Forcadell- a los miembros de la mesa, al secretario general del Parlamento de Cataluña, al propio Carles Puigdemont y al consejo de gobierno de la Generalitat, en el que participan todos los consellers, a que tomen las medidas necesarias para "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que desarrolle tanto el referéndum como el proceso constituyente.
Esta advertencia frena, de facto, el despliegue del plan de gobierno de Carles Puigdemont. El Constitucional advierte que, eludiendo o ignorando la suspensión de la resolución, todos los anteriormente citados (a los que el tribunal ha acordado notificar personalmente) pueden incurrir en responsabilidades incluso penales.
Un calendario complicado
Esta decisión complica los próximos movimiento del ejecutivo catalán si se quiere mantener dentro de la legalidad. El Govern, que se encuentra en plena negociación para sacar adelante su proyecto de Presupuestos para 2017, sabe que para la CUP el compromiso con el referéndum es básico y los cupaires no son partidarios de que la consulta sea pactada (en el documento admitido a trámite se mantiene que si no existe un acuerdo con el Estado español, el referéndum sobre la independencia también se celebrará y será vinculante).
De hecho, Carles Puigdemont ha decidido celebrar junto a la CUP una cumbre sobre el referéndum el próximo 23 de diciembre, tres días después del primer debate sobre los presupuestos -en el que se votarán las enmiendas a la totalidad de la propuesta-. Además, el Gobierno catalán se ha mostrado en varias ocasiones dispuesto a utilizar el posible referéndum como una herramienta de presión política. Neus Munté dejó entrever el martes que en el caso de que Forcadell fuera inhabilitada (declara este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por permitir la votación de la resolución de la comisión de estudio del proceso), no se descartaría adelantarlo.
Carles Puigdemont, por el momento, no se ha pronunciado.
