La negociación presupuestaria entre PP y Ciudadanos se antoja complicada, dadas las reticencias del partido que sustenta al Gobierno a rebajar en 1.000 millones de euros el coste anual de las Diputaciones de Régimen Común, que asciende, según datos del Ministerio de Hacienda, a 6.350 millones. La medida fue acordada por Mariano Rajoy y Albert Rivera antes de la investidura del primero, y así figura en el documento de 150 medidas que ambos líderes expusieron a los medios tras su acuerdo. Ahora, y según fuentes conocedoras de las "incipientes negociaciones presupuestarias" entre los dos partidos, el PP "se está mostrando huidizo a la hora de aterrizar esta iniciativa en las cuentas públicas".
"Es evidente que de los 150 acuerdos posiblemente el de las Diputaciones sea uno de los que menos gusta al Gobierno", razonan esas fuentes, reconociendo que Moncloa no ofrece por el momento argumentos convincentes para justificar su reticencia. "Es lo de siempre: recortar en Diputaciones, con el enorme poder local que hoy tiene el PP, es recortar sobre uno mismo, algo a lo que los partidos que han gobernado hasta ahora no están acostumbrados", remachan.
Desde Ciudadanos, el lunes mismo, su portavoz de Economía Toni Roldán apremió al Ejecutivo a "recortar en burbuja política y en redes clientelares", algo sobre lo que Moncloa y el PP guardan absoluto silencio. Pese a todo, los conocedores de la negociación dan por hecho que finalmente habrá acuerdo entre los dos partidos. "No sabemos cómo se salvarán los escollos", reconocen, aunque recuerdan que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, prometió ajustes "que gustarán a Ciudadanos" a través de la famosa Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas, la CORA.
Polémica que viene de lejos
La cuestión de las Diputaciones, que hoy por hoy emplean a más de 62.000 trabajadores, siempre generó enormes divergencias entre el PP y Ciudadanos. En campaña electoral, los de Rivera abogaron directamente por su supresión, mientras que los de Rajoy, conscientes de que muchos de sus votantes estaban planteándose saltar a la formación naranja, hicieron una defensa encendida del municipalismo y de las virtudes de estas entidades. Por llegar a un acuerdo de investidura, tanto Rajoy como Rivera cedieron a sus máximas: el primero pactó rebajar ligeramente la factura de las Diputaciones, equivalente a pagar durante cuatro meses las prestaciones por desempleo, y el segundo asumió que no se iba a producir en ningún caso su eliminación.
El problema surge ahora, con la medida pactada y reflejada por escrito en el acuerdo de investidura firmado por los dos líderes, si bien es cierto que de forma ambigua. En ese documento, PP y C's se comprometen a "eliminar las duplicidades administrativas y organismos innecesarios" en el ámbito local, siempre y cuando esas actuaciones "no pongan en riesgo los servicios públicos que prestan estas Administraciones". Los ahorros logrados se dedicarían a "políticas sociales", en un momento en el que Ciudadanos está pujando fuerte para que el PP acepte su complemento salarial, cuyo coste en un primer momento ascendería a 1.300 millones.
Pese a que pueda haber pacto presupuestario, las Diputaciones serán un tema de discusión acalorada si se prorroga la legislatura y Rajoy sigue requiriendo -como parece- del concurso de Rivera para poder gobernar. En el documento de las 150 medidas, C's arrancó al PP el compromiso de doblar la disminución del gasto en estos entes a partir de 2018, hasta los 2.000 millones al año, para así recortar de la partida algo más de 7.000 millones durante una legislatura completa.
Negociaciones en marcha
Pese a que las partes guardan escrupuloso silencio sobre su negociación, elEconomista ha logrado averiguar que el pasado lunes se produjo una reunión de alto nivel entre representantes del Ministerio de Economía, el PP y C's para acelerar la negociación presupuestaria, que marcha con algo de retraso respecto a los primeros planes que barajó el Gobierno de Rajoy.
También han comenzado, aunque de manera más informal, los contactos del partido del Gobierno con el PSOE y el PNV, necesarios para que las cuentas salgan adelante. La activación de la negociación se produce porque Economía, en manos de Luis de Guindos, debe remitir a Bruselas, y antes de que se apruebe el techo de gasto, los ajustes previstos de 5.500 millones de euros que contendrán los Presupuestos. El objetivo es enviar ese documento antes del próximo 24 de noviembre.
Junqueras invita a Santamaría
El Gobierno de Cataluña continúa lanzando señales de diferente signo. Según acordó ayer, Oriol Junqueras contactará con Soraya Sáenz de Santamaría por carta para proponerle una reunión en Barcelona, en la que abordar la "agenda política en Cataluña". Santamaría ha aceptado acudir.
Sin embargo, Carles Puigdemont se niega a asistir a la reunión de presidentes autonómicos convocada por Mariano Rajoy, en la que se tratará la financiación. A la vez, Cataluña persiste en la ruptura. Lluís Salvadó, secretario de Hacienda de la Generalitat, aseguró ayer que el referéndum, tal como pedía la CUP, se realizará suspenda o no el Tribunal Constitucional los Presupuestos de 2017.
