Baltasar calcula que cada piso costará de media 150.000 euros e insiste en el "acierto" del Pacto Nacional por la Vivienda
BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El Gobierno catalán invertirá este último trimestre unos 75 millones de euros para comprar 500 viviendas construidas o en construcción en el mercado libre y convertirlos en pisos de protección oficial, según informó hoy el conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.
Baltasar presidió esta mañana la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Nacional por la Vivienda, coincidiendo con el primer aniversario de la firma de este acuerdo. Anunció esta nueva vía de actuación para dar salida al problema del freno de la demanda y el recorte de créditos hipotecarios por parte de bancos y cajas.
En rueda de prensa, explicó que adquirirán viviendas en Catalunya que "difícilmente pueden tener salida" en el mercado inmobiliario por la crisis económica y financiera. Después abrirán una oferta pública y delimitarán las zonas donde haya mayor demanda de pisos protegidos. El Institut Català del Sòl (Incasòl) se encargará de ponerlos a la venta o de alquilarlos.
Según sus cálculos, cada vivienda supondrá un coste para la administración de 150.000 euros. El pacto preveía alcanzar los 12.000 pisos protegidos en 2008, de los que se han llevado a cabo la mitad. Una vez finalizada esta primera experiencia de comprar 500 pisos para ponerlos en régimen protegido, estudiarán si es necesario continuar con esta iniciativa, aumentar o disminuir el número de viviendas o no continuar con esta línea de trabajo.
Baltasar explicó que no se trata de sustituir a las entidades financieras, sino de llevar a cabo medidas excepcionales para impulsar la vivienda protegida. El Institut Català de Finances (ICF) financiará al promotor y el precio de venta será, como máximo, el de protección oficial en régimen general de la zona donde esté ubicada la vivienda.
El conseller explicó que el representante de la Federación de Cajas de Ahorro de Catalunya dejó "claro" en la reunión de hoy "el compromiso" de cumplir el convenio firmado en julio en el marco del Pacto Nacional por la Vivienda, que establecía que darían 12.000 millones de euros en tres años para financiar la compra de pisos sociales.
Según los datos que aportó la federación, entre agosto de 2007 y agosto de 2008, recibieron 5.800 solicitudes de préstamos para pisos de protección oficial, de las que 4.500 fueron aprobadas.
Sobre la mayor exigencia de los bancos para conceder créditos, la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, explicó que las entidades piden que el préstamo no sea superior al 30% o el 40% de los ingresos de las familias, según los casos. Ahora, debido al nuevo escenario económico, tienen "más precaución a la hora de calcular este 30 ó 40%".
Baltasar enumeró otras de las principales actuaciones en materia de promoción y urbanización del suelo para vivienda protegida, entre las que destacó la financiación del ICF de operaciones de compra o de urbanización dentro de las áreas residenciales estratégicas, las reservas urbanísticas obligatorias de suelo para vivienda protegida o dentro de suelo libre.
En cuanto a vivienda protegida, subrayó la mejora de la financiación para compra y alquiler. Remarcó que, tras el acuerdo de julio con 18 entidades financieras, el tipo de interés en hipotecas para compra de viviendas protegidas y concertadas es, hasta finales de año, del 5,148% fijo para hipotecas de hasta 40 años y del 5,297% para hipotecas de hasta 30 años.
También resaltó la activación del "avalloguer", que da más garantías a los propietarios de pisos alquilados en caso de impago, así como la puesta en marcha de la nueva figura de viviendas de precio concertado en Catalunya, con financiación protegida y ayuda pública a los compradores. Desde el 1 de agosto, se han calificado unas 800 viviendas con esta nueva figura de precio concertado.
Sobre las ayudas al alquiler, en 2008 prevén llegar a las 55.000 ayudas, cuando el pacto preveía que serían 59.000 en 2010. Aseguró que este año más de 300.000 catalanes se habrán beneficiado de las ayudas públicas de vivienda. Por todo ello, el conseller dijo que el Pacto Nacional por la Vivienda es "un acierto" y "un instrumento válido" para hacer frente a la crisis económica y financiera.
