
Bruselas, 21 oct (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) concluyen hoy su cumbre con un debate sobre el futuro de la política comercial comunitaria mientras tratan a contrarreloj de convencer a la región belga de Valonia para que desbloquee la ratificación del acuerdo comercial con Canadá (CETA).
Los líderes de los Veintiocho iniciarán la jornada pendientes del Parlamento valón, después de que el Gobierno regional rechazara este jueves de nuevo los cambios propuestos por la Comisión Europea (CE) para que aceptasen el tratado y así Bélgica, que necesita la aprobación de todas sus cámaras regionales, pueda ratificarlo.
La cámara de Valonia -la región meridional francófona con unos 3,5 millones de habitantes- volverá a reunirse a partir de las 9.30 hora local (7.30 GMT) para abordar los cambios en la "declaración interpretativa" con valor jurídico que ha propuesto la CE para acompañar al texto del acuerdo, que se cerró en 2014.
El parlamentó valón ya había rechazado el acuerdo el viernes pasado y, desde entonces, se han sucedido las reuniones entre autoridades belgas, valonas y comunitarias para intentar salvar una firma que estaba prevista para la cumbre UE-Canadá del próximo 27 de octubre.
El ministro presidente de Valonia, el socialista Paul Magnette, apuntó que la última propuesta suponía un progreso, especialmente en el sector sensible de la agricultura, pero que aún quedaban problemas relativos al sistema de arbitraje para inversores extranjeros.
Antes de que el asunto llegue a la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno los Veintiocho, convocarán una reunión a nivel de embajadores para abordar la respuesta del Parlamento valón.
En la primera jornada de la cumbre, los Veintiocho debatieron sus relaciones con Rusia pero evitaron sancionar a Moscú por su rol en la guerra de Siria y los recientes bombardeos en la ciudad de Alepo, si bien afirmaron que de continuar la "masacre" esta opción seguirá sobre la mesa.
Por otra parte, en materia de inmigración acordaron aumentar los esfuerzos para frenar la llegada de inmigrantes irregulares a territorio comunitario, en particular procedentes de África, y para mejorar el número de devoluciones a los países de origen.
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