La posición financiera de Castilla y León lleva un año ofreciendo síntomas de deterioro, tal y como muestran las estadísticas relativas al Periodo Medio de Pago a Proveedores. Según los datos que facilita mensualmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esta región ha pasado en poco más de un año de ser una de las que más rápido abonaba las facturas a pagar con más de tres meses de demora, con 91 días de media según las últimas estadísticas.
Desde el Gobierno de la región, encabezado por el PP de Juan Vicente Herrera, achacan el retraso al hecho de estar abonando ahora determinadas facturas de proveedores sanitarios relativos al año anterior, si bien el resto de sectores "está cobrando a tiempo".
Tanto es así, explican, "que la Administración General paga sus facturas a 3,6 días, mientras la Gerencia de Salud lo hace a 112". Para sortear esas importantes demoras, el Ejecutivo de Herrera ha firmado un convenio con hasta cuatro entidades financieras por valor de 450 millones para agilizar los pagos; y ha obtenido el permiso de Madrid para endeudarse por 199 millones más para pagar a esos proveedores sanitarios.
Mientras, Hacienda mandó a principios de septiembre una carta de aviso a la región por los retrasos en el pago a proveedores. El Ministerio ve como los dos días de demora con los que Castilla y León pagaba en junio del año pasado pasaron a ser 30 en octubre; 60 en marzo de este año; y más de 90 desde el verano, y no le temblará el pulso para apretar a Herrera si la situación se prolonga. Extremadura y Aragón, que recibieron en su día las advertencias del equipo de Cristóbal Montoro, terminaron siendo intervenidas en primavera. Hacienda les retiene cantidades y paga directamente a sus proveedores, una tutela sin precedentes.
La delicada posición financiera de Castilla y León es sorprendente, pues hasta ahora ha sido una habitual cumplidora de los preceptos de la Ley de Estabilidad. No obstante, ha logrado evitar adscribirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y ha seguido financiándose en los mercados por su cuenta. Tanto es así que desde la Consejería aseguran que la demora en el pago de facturas "se va a solucionar desde el próximo mes".
Castilla y León no es la única que ha recibido una misiva de advertencia. Baleares paga a 83 días, el doble que hace un año, y ni siquiera ha sido capaz de reducir plazos en julio tras la inyección masiva de fondos FLA de finales de junio.
El plan de Montoro funciona
Mientras algunas regiones sudan para cumplir los preceptos de la Ley de Morosidad, que obliga a pagar en 30 días, otras -hasta once- pagan ya en plazo. Y entre ellas se sitúan curiosamente Extremadura y Aragón, que hasta el mes de junio eran las que más tardaban en abonar los servicios a sus proveedores.
En la estadística relativa al mes de julio, ambas regiones han sorprendido: su media de pago se sitúa en 17 días, un cambio brutal respecto a los meses precedentes y que encuentra explicación en el férreo control de Montoro. El ministro ya anunció en primavera que retendría fondos a estas autonomías para evitar su mediación en el pago a proveedores, y el plan ha dado resultado. No es descartable, por tanto, que su gabinete pueda plantearse tomar decisiones similares con otras regiones advertidas por su elevada morosidad, como Baleares o incluso la Comunidad Valenciana.
Por lo demás, País Vasco y Navarra siguen cumpliendo el guión y lideran, un mes más, el ránking de autonomías bien pagadoras. Canarias y Galicia, que también cumplen el déficit, satisfacen sus facturas en plazo, e incluso Cataluña ha logrado pagar a 21 días.
