"No se resolverá con una varita mágica algo que no se ha resuelto en 70 años". Matteo Renzi, el líder que se ha impuesto en la política italiana proponiendo una ruptura rápida y radical con el pasado, se pone a la defensiva. Y tras el terremoto que ha arrasado el centro de Italia, explica que el esfuerzo para mejorar la seguridad de un país en el que más de 20 millones de personas viven en zonas de riesgo sísmico 1, el más elevado, necesita tiempo.
El primer ministro, que lleva sólo dos años y medio en el Gobierno, no quiere asumir la responsabilidad de décadas de incuria. Aún más que su Gobierno ha sido el primero en mucho tiempo en lanzar un plan de prevención de los desastres naturales. Sin embargo los recursos del plan anunciado hace dos años - un total de 7.000 millones de inversiones previstas en el periodo 2014-2020 - resultan insuficientes y Renzi, para no perder la cara antes del referéndum constitucional de octubre, tendrá que presentar un programa más consistente. Un problema muy grande para un Gobierno que está trabajando contrarreloj - y con escasos resultados - para cuadrar las cuentas de los Presupuestos para 2017.
Inversión de 4.000 millones
El primer ministro, a quien le preguntaban recientemente cuántos recursos destinará a la prevención, de seísmos contestó: "No nos hemos explayado en detalles técnicos. Se trata de una labor sobre todo cultural". Sin embargo, Mauro Grassi, que coordina el equipo de intervención en caso de desastres naturales de la Presidencia de Gobierno, había declarado: "Se necesita un plan de 4.000 millones cada año, durante los próximos veinte años".
Las consecuencias económicas del terremoto son el primer problema para Renzi. El mandatario ya está absorto en la negociación con Bruselas para una nueva flexibilización de 10.000 millones de los compromisos presupuestarios. Añadir a las precarias cuentas transalpinas el montante de un terremoto muy parecido al de Abruzzo de 2009 (que sumó 13.000 millones en daños) podía poner patas arriba las finanzas públicas.
Renzi de momento ha destinado al terremoto 50 millones de los 234 que integran el Fondo nacional para las emergencias. Pero la necesidad de encontrar cuanto antes nuevos recursos le pone entre la espada y la pared. De un lado hay las promesas de ayuda ("No dejaremos nadie solo" dijo) y la necesidad de un plan nacional de prevención que costaría decenas de miles de millones; del otro están los compromisos presupuestarios y una crisis económica que ha vuelto a parar el avance del PIB en el segundo trimestre. Cualquier solución amenaza con crear efectos secundarios. Un problema que quizás no pasará factura al Gobierno de inmediato, en el referéndum constitucional de octubre, pero que seguramente puede condicionar las próximas elecciones generales previstas para 2018.
