La inconcreción es la pata que más cojea en la mesa que negocia el pacto de investidura. En la cuarta jornada de reuniones, Ciudadanos enfría el optimismo, habla de "preocupación y consternación" por la falta de voluntad política de su interlocutor y exige al PP que ponga cifras y fechas a sus compromisos económicos. O, lo que es lo mismo, que no habrá acuerdo si éste no incluye la cantidad de dinero que el PP está dispuesto a comprometer en determinadas partidas de gasto social.
"Tiene que haber un compromiso económico. Vamos a exigir que se comprometan cifras y un marco temporal para cumplirlas. No vamos a firmar meras declaraciones de intenciones", advertía ayer el vicesecretario general de Ciudadanos, Jose Manuel Villegas.
Más duro aún se mostraba a última hora del día el portavoz de C's en el Congreso, Juan Carlos Girauta, que comparecía tras la reunión vespertina para lanzar un órdago. "Estoy aquí para que no se confundan con Ciudadanos. Estamos hartos de escuchar no, no, no y no", afeó el dirigente, que reprochó al PP su nula voluntad de acometer reformas institucionales de calado.
Cifras y tiempos
Aunque desde el partido de Albert Rivera no han querido concretar cuánto creen que debe gastarse en estos asuntos, ya que tanto la cantidad como los plazos son, precisamente, el punto de desencuentro, si nos remitimos a la memoria económica del partido naranja las medidas exigidas por Ciudadanos al PP suman un coste de más de 7.300 millones de euros.
Esta partida incluye un complemento salarial para las rentas más bajas que costaría 2.800 millones y un plan de choque contra la pobreza infantil presupuestado en otros 2.600 millones. El plan incluye incrementar e igualar los permisos de paternidad y maternidad, acceso universal a la educación de 0 a 3 años y un plan contra el fracaso escolar.
Para garantizar su puesta en marcha, la formación naranja pide al PP que se comprometa a que estas partidas de gastos estén en los Presupuestos para 2017 que, recordemos, deben presentarse el 30 de septiembre como fecha límite.
A esta exigencia respondió ayer el PP apelando a la necesidad de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y los compromisos de déficit firmados con Europa. En declaraciones a los medios, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, se encargaba de recordar que "cualquier medida" está "supeditada al cumplimiento de los objetivos de déficit" que, "por cierto, comparte Ciudadanos".
En este punto, conviene recordar que la Comisión Europea exige a España un ajuste estructural de 10.000 millones en dos años, lo que forzará que las Cuentas del próximo año incluyan medidas de ajuste por la vía del gasto y alguna subida de impuestos. La Comisión quiere conocer estas iniciativas antes del 15 de octubre.
Sin embargo, hasta ahora, las medidas pactadas por el PP y por Ciudadanos aparcan los recortes y las subidas fiscales. De hecho, las pocas medidas pactadas van en la dirección contraria: el compromiso de no tocar el IRPF y subsanar los recortes presupuestarios en I+D. A eso se suman las reivindicaciones con un elevado coste para las arcas del Estado, como el paquete de gasto social que se debatió ayer.
¿Y si no hay dinero?
En Ciudadanos conocían de antemano el argumento del PP para cuestionar su plan de choque social y tenían preparada la respuesta. Si el Gobierno dice que el problema es que no hay dinero, "nosotros les diremos de dónde lo puede sacar", señaló el número dos de Ciudadanos, que apuntaba a la obtención de recursos reformando la Administración, suprimiendo las Diputaciones o reclamando los 2.800 millones de euros de la amnistía fiscal.
Sobre ese asunto departieron por la tarde con un resultado desalentador, que llegó incluso a la "consternación", en palabras de Girauta. En el PP "no hay voluntad de tocar una coma del Senado, las Diputaciones y el Poder Judicial", reprochó el portavoz de Ciudadanos.
