El acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos chocó ayer con un escollo importante. El partido de Albert Rivera exige al de Mariano Rajoy revisar la amnistía fiscal para aflorar los 2.800 millones que, según sus cuentas, se dejaron de ingresar cuando el ministro Cristóbal Montoro aplicó el indulto en 2012. Es un tema que, además, afectaría a la posterior negociación de los Presupuestos de 2017.
De alcanzar un acuerdo de investidura, C's quiere que el PP se comprometa a cuantificar esta medida en las Cuentas. Fuentes cercanas a la negociación admiten que este tema es uno de los más controvertidos, ya que no admite término medio. "Es un sí o un no", explican.
Y de momento se queda en el no. La reivindicación no convence en el PP, y se suma al otro gran desencuentro: el contrato único. Ambos puntos quedan relegados al final de la negociación, cuando los partidos no tendrán más remedio que abordar los temas más conflictivos.
Hasta entonces, en el PP prefieren centrarse en los acuerdos. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, aseguró ayer que su partido ya ha consensuado con Ciudadanos medio centenar de medidas y que son optimistas a la hora de alcanzar un acuerdo global, a pesar de que persisten diferencias entre ambos.
Lucha contra el fraude
La revisión de la amnistía fiscal, a la que se cogieron en su día el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, es para Ciudadanos un aspecto clave en la lucha contra el fraude.
Pero, ¿de dónde salen los 2.800 millones que asegura que se cobraron de menos? Para entender los cálculos hay que remontarse a 2012. El indulto ideado entonces por Montoro preveía aplicar teóricamente un tipo del 10% sobre el capital aflorado. Pero en la interpretación de la norma se estableció que, en vez de gravarse el 10% del patrimonio que se quisiera declarar, solo se impondría la tasa sobre los rendimientos de los bienes en los últimos cuatro años antes de la amnistía.
Las condiciones terminaron relajándose aún más: si la declaración se presentaba después de junio de 2012, solo era necesario tributar por los intereses desde 2008. Esto supuso que, de facto, la cantidad que realmente pagaron los indultados fue sólo del 3%. Ahora, el objetivo de Ciudadanos es recuperar ese 7%, que cuantifican en 2.800 millones.
De compleja aplicación
Los expertos fiscales consultados por este periódico advierten de la dificultad de aplicar esta propuesta. En primer lugar, por la enorme complejidad de reclamar a los 31.500 beneficiarios de la amnistía. El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), Jesús Sanmartín, señala además que suponer una discriminación entre los beneficiarios, algunos de los cuales se acogieron en tiempo y forma, y subraya que "habría que estudiar con mucho detenimiento cómo aplicar una medida así". Esa dificultad tropieza con la urgencia de la propuesta, ya que el próximo 30 de noviembre prescribirá el plazo para reclamar ese dinero.
Retomando la articulación de medida, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pitch, advierte también de las dificultades de cambiar las reglas del juego. "Da la sensación de que la Administración dice una cosa y luego otra". Por último, los expertos fiscales advierten de que una revisión del indulto podría tener un efecto adverso ante futuras amnistías fiscales.
Pese a todos los contras, desde el partido de Rivera insisten en que se trata de una condición que el PP debe aceptar y que permitiría sufragar una parte de los compromisos de gasto. En ese sentido, ayer por la tarde, una vez aparcada la comisión sobre economía, Ciudadanos y PP iniciaron el bloque dedicado a partidas sociales. Ciudadanos reclamará a los populares dos medidas de calado: el complemento salarial y el plan de choque contra la pobreza infantil.
En ese sentido, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, explicó a elEconomista que, aunque la aplicación de ambas supone un coste que choca con la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit, "creemos que aquí se debería hacer un esfuerzo".
Se trata, en todo caso, de un aspecto abierto a la negociación, igual que el contrato único. "Lo importante para nosotros es pactar una modificación de los modelos de contratación que acaben con la dualidad del mercado de trabajo", afirma Villegas.
