Los efectos iniciales de la confirmación del Brexit han hecho mella en el ritmo de reducción del déficit británico, que en julio sufrió un tropiezo peor del esperado por los analistas. Después de que esta semana diferentes variables correspondientes al primer mes posterior al referéndum sorprendiesen con una inusitada resiliencia, las finanzas públicas han evidenciado los primeros signos de preocupación acerca del impacto que el divorcio tendrá en el Reino Unido.
Frente a la mejora de indicadores como el de las ventas minoristas o el mercado laboral, las hojas de balance del Gobierno mostraron un superávit inferior al esperado. Los 1.000 millones de libras registrados el mes pasado constituyen prácticamente la mitad de la cifra esperada por los mercados, 1.900 millones, y lo que es peor, se quedan por debajo de los 1.200 recabados en el mismo mes de 2015.
La consecución del superávit por sí solo no alienta esperanzas, puesto que julio constituye tradicionalmente un ejercicio de números negros, ya que coincide con el pago efectuado por las grandes corporaciones al Estado en materia de Sociedades. Además, en el caso particular de este 2016, los números son más robustos, ya que incluyen por vez primera la tasa del 8 por ciento sobre los beneficios de la banca.
Aunque todavía es pronto para concluir silogismos relacionados con el plebiscito, la tendencia es especialmente preocupante para un ministro del Tesoro que, nada más asumir el cargo, había renunciado ya al objetivo del superávit en 2020, anatema para su antecesor. No en vano, más que por una mayor flexibilidad fiscal, la decisión de Philip Hammond está relacionada con la anticipación de su departamento ante los esperados efectos nocivos del Brexit, cumpliendo con el diagnóstico de la primera ministra Theresa May.
Así, el préstamo en estos primeros cuatro meses del año fiscal cayó un 11 por ciento en relación al anterior, notablemente por debajo del 23 por ciento que el regulador de gasto del Gobierno había previsto para final de este ejercicio. En consecuencia, se da por hecho que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria revisará las cifras coincidiendo con el Discurso de Otoño, es decir, el mini-presupuesto que permite adaptar la praxis política a la realidad económica.
Si para este año se aguardaban 55.500 millones de libras en total, el cambio sólo puede ser al alza. El consenso general acepta que la economía quedará tocada por el veredicto del 23 de junio, lo que inevitablemente supondrá una dentellada para unos ingresos que resultarán víctimas de un crecimiento ralentizado y, potencialmente, de la necesidad de aumentar el gasto público para compensar los efectos del Brexit en el empleo.
