Los Presupuestos Generales del Estado no tienen dinero asignado para costear unas nuevas elecciones generales este año, las segundas del ejercicio 2016. No lo tenían para las celebradas el pasado 26 de junio, y mucho menos para unas terceras en caso de que PP, PSOE y C's no lleguen a un acuerdo. Tacticismo político de la más baja calidad
De producirse ese extremo, el sobrecoste de otra cita con las urnas obligaría a recortar otras partidas, si no se quiere sumar un gasto imprevisto que acabaría computando como déficit. Y por un importe de nada menos que 350 millones, según cálculos de este periódico.
Cuando el Gobierno elaboró las Cuentas para 2016 lo hizo con el horizonte de las elecciones generales previstas para finales del año pasado. Lo que no entraba en sus planes es que la eventualidad de un endiablado resultado pudiera forzar a repetir los comicios en 2016, y mucho menos que ese escenario se produjese por partida doble. Por ello, la partida reservada a "procesos electorales y consultas populares" fue dotada únicamente con 22,2 millones, según se detalla en el Presupuesto del Ministerio de Interior.
Sólo se contaba con un escenario cierto de citas electorales autonómicas para 2016 en Galicia y en el País Vasco, que se celebrarán el próximo 25 de septiembre. Pero lo cierto es que han pasado ocho meses desde que los ciudadanos acudieron a votar por primera vez y ahora no es descartable que tengan que acudir por tercera. Moncloa filtra una llamada a Sánchez sin respuesta
¿Y si no hay acuerdo?
Si el candidato propuesto por el Rey Felipe VI en esta ocasión, Mariano Rajoy, no consigue desbloquear la situación ni convencer a C's y PSOE de que faciliten su investidura, no podemos descartar un 27-N o, dicen algunas voces, un 25-D. De darse este extremo, hay que tener en cuenta muchos factores, no sólo los políticos, sino también los económicos. Abrir de nuevo los colegios electorales, los apoderados de mesas, las papeletas, los sobres? ¿cuál es el coste real de todo eso?
Tomando como referencia los precedentes, unas elecciones implican un presupuesto aproximado de 170 millones. Por tanto, de celebrarse de nuevo generales este año harían falta más de 340 millones extras para sufragar nuestro exceso electoral.
Sólo la maquinaria oficial para organizar y celebrar las dos últimas elecciones generales fue de unos 130 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Interior. Para las del 26 de junio, en concreto, se destinaron casi 60 millones a gastos de personal y operativos de las Administraciones Públicas; 47 millones en servicios prestados por Correos; cerca de 14 millones en servicios de telecomunicaciones; 12,5 millones en logística; y 1,6 millones para imprevistos. En total, sumaron casi 131 millones de euros, lo que implica que ya se ha dado un sobrecoste sobre las Cuentas de 2016 de más 100 millones de euros.
Al gasto de la organización hay que sumar el coste de los sueldos de diputados y senadores que, aunque han visto muy mermada su capacidad de acción ante la ausencia de un Gobierno, siguen recibiendo sueldos públicos, dietas para viajes y hasta tarjetas de taxi.
Pero la cosa no queda ahí. A esa cantidad hay que sumar las nutridas subvenciones a los partidos políticos y que implican un gasto extra para las arcas públicas que puede superar los 50 millones de euros, teniendo en cuenta que la ley fija que cada partido político puede gastar un máximo de 13,5 millones de euros durante la campaña. En las elecciones generales de 2011, por ejemplo, las formaciones que concurrieron a las urnas se repartieron por subvenciones electorales unos 65 millones, según el Tribunal de Cuentas.
Diferentes conceptos
Las partidas corresponden, de una parte, a la subvención directa de 21.167,64 euros por cada escaño que obtienen en el Congreso y en Senado. Además, se subvenciona cada voto recibido, siempre y cuando el partido obtenga la menos un escaño: el coste de cada papeleta es de 0,81 euros por cada voto cosechado en el Congreso y 0,32 euros por cada voto para las listas del Senado. A eso hay que sumar las subvenciones por envío de propaganda electoral, aunque esa partida está incluida en el presupuesto de organización.