El Partido Popular (PP) se mostrará abierto a rebajar en el futuro el enorme coste de las diputaciones españolas, que según varios estudios asciende a más de 6.350 millones anuales, para así acercar posturas con Ciudadanos en las negociaciones que se abrirán cuando Génova dé su visto bueno a Mariano Rajoy para que negocie su investidura con la formación naranja.
El partido que preside Albert Rivera concurrió a las dos últimas elecciones prometiendo la supresión de estos organismos, cuyos ingresos, que también provienen de impuestos y del Fondo de Compensación del Ministerio de Hacienda, superan los 22.300 millones al año.
Así lo reconocen en privado en el PP, remitiendo a las declaraciones del vicesecretario electoral del partido, Javier Maroto, quien afirmó que el equipo negociador de Rajoy está dispuesto a hablar de "todo" para atraerse a Ciudadanos. Esas fuentes remiten también a la comparecencia, el viernes pasado, de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. Tras el Consejo de Ministros, la número dos del Ejecutivo prometió que si Rajoy revalida mandato "se acometerá una nueva reforma de las Administraciones Públicas". "Y gustará a Ciudadanos", remachó, sin clarificar aún el significado exacto de sus palabras.
Desde Génova, por ahora, prefieren no hacer más comentarios "ni ponernos en futuribles". "Ahora lo que toca es que el Comité Ejecutivo decida sobre las seis condiciones que fijó Albert Rivera para dar su sí". "Una vez que eso suceda, será el presidente quien fije la posición oficial", añaden.
Rebajar el gasto
Si el PP está dispuesto a hacer un esfuerzo y tratar de recortar el gasto de las 38 Diputaciones de Régimen Común después de que en campaña destacaran su compromiso con las entidades locales como forma de oponerse a C's, los de Rivera también tendrán que ceder en sus pretensiones iniciales. Desde que se implantara a nivel nacional, la formación naranja ha hecho bandera de la supresión de estas entidades y del Senado, algo que difícilmente podrá conseguir a lo largo de la próxima legislatura, enormemente plural.
Ahora, y en virtud de posibilitar un acuerdo de investidura que puede ser más amplio -ayer Pablo Casado, uno de los valores en alza del PP, deseó públicamente que C's se incorpore a un Gobierno presidido por Rajoy- Rivera estaría dispuesto a ceder y aceptar que las Diputaciones se mantengan en el mapa siempre y cuando el Gobierno se comprometa a rebajar su enorme coste.
"Sabemos que van a aceptar cierta rebaja del gasto en el ámbito local", admiten, recordando que para el PP será mucho más fácil recortar en la Administración que subir impuestos o tocar Sanidad y Educación para cumplir con las exigencias de Bruselas. En este sentido, desde Ciudadanos recuerdan que el año que viene el déficit público debe bajar del 4,6% al 3,1%, 15.000 millones de euros menos.
Demasiado coste de personal
Nuestro país cuenta a día de hoy con 38 Diputaciones de Régimen Común, las pertenecientes a las provincias de Galicia, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía (las más caras con un coste de 1.128 millones). Más allá, las Islas Canarias cuentan, cada una de ellas, con un Cabildo insular, y las Islas Baleares, con consejos insulares en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. El mapa se completa con las Diputaciones forales vascas y navarras -las más caras-, ya que otras cinco regiones (Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia) carecen de estas entidades al ser uniprovinciales.
Las diputaciones cuentan en total con más de 62.100 personas empleadas, según datos del Ministerio de Hacienda, pero sólo 27.535 han obtenido plaza a través de oposiciones. El resto, más de 34.600, es personal contratado. Y es ahí donde radica el quid de la cuestión. Según un reciente estudio de la Fundación ¿Hay Derecho? más del 37% del presupuesto de las Diputaciones se dedica al concepto Actuaciones de Carácter General, un apéndice un tanto confuso, pero que hace referencia a los gastos de personal. Extrapolando ese porcentaje al coste total de estos organismos, de 6.350 millones, las diputaciones se gastan en sí mismas casi 2.400 millones de euros al año.
Es en esa partida en la que el acuerdo PP-C's podría centrar el tiro, toda vez que la primera reforma de las Administraciones Públicas, comandada por Sáenz de Santamaría y la Comisión de la CORA, pusiera el foco en las empresas públicas y en las duplicidades.
