El mapa de Venezuela se llena de puntos rojos cuando se ubican las ciudades donde han ocurrido saqueos o intentos de saqueo en los últimos meses: sumaron 231 sólo entre enero y febrero, según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El episodio más reciente, el martes pasado, sucedió en Guarenas, a escasos 33 kilómetros de Caracas, y ameritó la intervención de los militares ante las protestas y amenazas de robos masivos a supermercados.
La escasez de alimentos y medicinas es el detonante de las protestas (ya sumaban cientos por otras causas como el colapso de los servicios públicos), que coinciden con las manifestaciones que buscan un referéndum para revocar al presidente Nicolás Maduro.
La sensación de que hay una bomba a punto de estallar está a flor de piel. ?Por mi casa hay dos supermercados y ambos han sufrido amenazas de saqueo; ahora los tiene que custodiar la Guardia Nacional y la gente va a trabajar asustada?, dice Carmen Díaz, vecina de La Candelaria, en el centro de Caracas.
Los desequilibrios de la economía venezolana se detallan con un ejemplo sencillo: un kilo de queso blanco costaba 3.000 bolívares en abril (unos 300 euros a tasa oficial y 2,4 en el mercado negro) y por estos días cuesta 4.500 bolívares. Los salarios se desvanecen ante una inflación que cerró el año pasado en el 180,9 por ciento y que en abril -anualizado con respecto a 2015- llegó al 294 por ciento, según cálculos de la firma Ecoanalítica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que llegará al 700 por ciento en 2016.
La respuesta del Ejecutivo a la crisis ha sido decretar esta semana un estado de excepción que amplía los poderes que le confería un anterior decreto de emergencia económica. Esta vez, Maduro añadió la potestad de tomar cualquier empresa que considere parada, de celebrar contratos y gastar recursos sin pasar por el control del Parlamento -ahora de mayoría opositora-, además de reservarse la restricción de varias garantías constitucionales, tales como el derecho al libre tránsito o a la manifestación.
Nicolás Maduro también redujo la semana laboral del sector público a sólo lunes y martes, ante la crisis de suministro eléctrico que amenaza con dejar a oscuras el país, pero que Maduro atribuye al fenómeno El Niño y no a la falta de inversión en infraestructuras, como advierten los especialistas.
Los decretos son la contraofensiva chavista a lo que consideran una ?guerra económica de la derecha? y del sector privado. Esta semanas en una rueda de prensa, Maduro evitó referirse a la inflación y la caída del PIB, pero reconoció que ?no será en 2016 ni en 2017? que se supere la crisis. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, le da la razón. ?Si Maduro sigue en el Gobierno, el deterioro será mayor. La recuperación de la economía venezolana está atada a la forma como se resuelva el conflicto político?.
Por si todo esto fuera poco, las opciones para mejorar la situación ahora son pocas. Oliveros explica que se planteaban dos escenarios: usar los menguados recursos petroleros para aumentar las importaciones de bienes básicos y paliar el desabastecimiento, o emplearlos para pagar la deuda del país. El Gobierno ha optado por lo segundo, pese al costo social que se traduce en protestas, más filas para comprar alimentos o enfermos que mueren sin poder tener acceso a medicinas en los hospitales.
Miguel Pérez Abad, vicepresidente del Área Económica, aseguró en una entrevista con Bloomberg que las importaciones caerían un 46 por ciento este ejercicio con respecto a las de 2015, hasta unos 20.000 millones de dólares, en un país que hasta 2014 las mantuvo por encima de los 50.000 millones. ?Vamos a mantener este nivel de restricción para forzar el sector económico productivo e incrementar las exportaciones. Esperamos poder recortar las importaciones a un número tan bajo como 15 millares de dólares?, señaló el también ministro de Industrias y Comercio. Pero no parece un escenario realista. El sector productivo se ha constreñido a raíz de los controles de precios y del acceso a divisas establecidos por Hugo Chávez y que Maduro ha mantenido. La Confederación Venezolana de Industrias calcula que en el país hay 8.000 empresas menos que en 1996. Junto a un sector industrial raquítico, Maduro también heredó cientos de empresas expropiadas que, en manos del Gobierno, se encuentran casi paralizadas. La amenaza latente de expropiar Polar, la mayor productora de alimentos y bebidas del país, también tiene a los venezolanos en vilo.
Ante la imposibilidad real de abastecer el mercado con producción nacional, la escasez va cada vez a más y los fantasmas sobre el posible desenlace de la crisis empiezan a emerger. La celebración de un referéndum revocatorio es una opción que el Gobierno ha estado demorando para que se realice ya a partir del próximo año, cuando asegurarían que el vicepresidente chavista sea quien continúe el periodo presidencial y no se realicen nuevas elecciones en las que la oposición -según los últimos sondeos- estaría en situación de arrasar.
Estado de excepción
?Nicolás Maduro se ha hecho un cheque en blanco?, opina Manuel Rojas Pérez, abogado experto en Administración Pública sobre el decreto de estado de excepción que publicó el Gobierno venezolano esta misma semana. ?Es sumamente amplio, le permite tomar cualquier medida en cualquier ámbito. Es una maniobra para limitar las atribuciones de la Asamblea Nacional y las manifestaciones en su contra?, agrega el letrado. Es una medida más política que económica, asegura igualmente Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, quien además manifiesta que el anterior decreto de emergencia económica no trajo ningún beneficio concreto al país, tal y como se ha demostrado con el paso del tiempo. Una tímida devaluación, la subida de la gasolina y la instalación de mesas de diálogo con algunos empresarios no han logrado mejorar las expectativas sobre el Producto Interior Bruto (PIB), cuya caída Oliveros cifra en el 11 por ciento para el cierre del actual ejercicio. De esta forma, Venezuela encadenaría ya tres años completos en los que su economía se mantiene en recesión. Es bien conocido que Nicolás Maduro tampoco logró poner fin a otras dos de las principales preocupaciones que siguen azotando al país, como son el contrabando de productos básicos o limitar la figura de los revendedores de comida y hasta medicinas, conocidos como bachaqueros. Al contrario, los incentivos para dedicarse a estas actividades han crecido, explica el propio Oliveros. ?En 2015 esta gente ganaba cuatro salarios mínimos al mes; por eso muchos ciudadanos están dejando sus trabajos formales para dedicarse a esto?, sentencia.