El 32% de los directivos de empresas españolas afirma haber perdido oportunidades de negocio por no pagar un soborno frente a un competidor que sí lo hizo, un resultado elevado frente al 8% registrado de media en Europa. El 24% de los encuestados asegura haber sufrido un caso de soborno y el 20% dice que le han ofrecido un soborno para conseguir un contrato, frente al 10% y el 13% de los europeos, respectivamente.
En España, según se desprende del estudio X Encuesta sobre de Fraude Mundial realizada por Ernst & Young, existe la sensación de que la presión regulatoria no ha aumentado en los últimos cinco años; así lo declara el 50% de los encuestados españoles, frente al 40% que mantiene que sí se ha notado un endurecimiento normativo. En Europa, el 26% opina que la regulación reciente no ha cambiado excesivamente, frente a un 68% que manifiesta lo contrario.
De las prácticas corruptas se derivan para las empresas la incapacidad para seguir creciendo o expandiendo sus negocios; las multas y penas impuestas; la posibilidad de que sus empleados vayan a la cárcel; los litigios por parte de competidores y accionistas; y, por último, quedar fuera del mercado.
Finalmente, el estudio revela que, a lo largo de 2007, las investigaciones realizadas sobre las prácticas de soborno o de corrupción aumentaron un 45% en los países de la OCDE.
