Las arcas del Estado no dan abasto. Las ayudas directas aprobadas en los últimos tiempos por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero están provocando problemas de liquidez a la Administración. Si hace un año la situación económica permitía al Estado cumplir puntualmente con los plazos de pago, ahora el panorama es otro y la crisis obliga a dosificar todos los gastos.
La Tesorería de las Administraciones Públicas, al igual que los ciudadanos de a pie, también se resiente ante la crisis y tiene que solucionar sus problemas de liquidez evitando endeudar las cuentas públicas. Para ello, una de las medidas más lógicas es apurar al máximo los plazos de pagos a realizar.
De este modo, ajustando los plazos, se evita que el Estado deba afrontar los intereses derivados del adelanto de los pagos que deben ser ingresados a los ciudadanos y que, legalmente, aún pueden esperar unos meses, pero siempre dentro de los tiempos establecidos.
Fuentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aseguran que los plazos se están cumpliendo. Sin embargo, diversos funcionarios consultados explican que la aparición de nuevos gastos propicia que se apuren al máximo los plazos para no tener que emitir deuda pública.
El cheque-bebé
Así, por ejemplo, el pago del cheque-bebé aprobado en 2007, que hasta ahora se había pagado a las madres prácticamente de inmediato, según ha podido saber elEconomista, en los dos últimos meses ha registrado retrasos en su ingreso sobre lo que venía siendo su práctica habitual (la Agencia Tributaria se marcó la meta de cumplir con el pago en un plazo de 30 días).
Las estimaciones sobre el coste de esta medida, que supone pagar a las familias 2.500 euros por cada nacimiento, apuntan una cifra que se sitúa en torno a los 1.200 millones de euros anuales. A todo ello hay que sumar, además, el pago de otra de las medidas estrella del Gobierno, la devolución de los 400 euros, que representa por sí sola otros 3.000 millones de euros más.
Y además, el paro
Pero no queda aquí la cosa. A todos los gastos extra aprobados por el Gobierno, se han incorporado otros no previstos en los presupuestos para 2008. El Estado se verá necesitado de más fondos de aquí a final de año, ante la imposibilidad del Servicio Público de Empleo (ex Inem) de afrontar por sí mismo las prestaciones por desempleo.
El fuerte incremento del paro, que en el último mes ha alcanzado la temida cifra de más de 2,5 millones de parados, obliga a las arcas públicas a destinar una cantidad de dinero muy elevada en concepto del pago de las prestaciones por desempleo.
En total, según los cálculos realizados recientemente, supondrá un considerable aumento del gasto, al menos 2.500 millones de euros más, que tendrá que aportar el Estado.
De hecho, el ministro de Economía, Pedro Solbes, anunció a principios de agosto que los Presupuestos Generales del Estado para 2009 incrementarán la partida destinada al desempleo en 1.500 millones de euros más.
