El Gobierno y asociaciones de autónomos firman un acuerdo para el Estatuto

El Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales y las principales asociaciones de trabajadores autónomos, ATA y UPTA, firmaron hoy un acuerdo sobre el texto del Anteproyecto de Ley que regula a este colectivo y que el Gobierno presentará el próximo viernes en Consejo de Ministros para su posterior tramitación ante las Cortes.

El ministro Jesús Caldera aseguró que con el proyecto de Ley del Estatuto de Trabajador Autónomo se "salda un deuda histórica" con este sector que representa el veinte por ciento de la población activa en el país.

"En este Estatuto se mejora la protección social de los trabajadores autónomos", dijo Caldera al explicar que el texto fue el resultado de un "intenso diálogo" con las organizaciones que los agrupan.

El texto acordado establece una definición más precisa sobre la figura del trabajador autónomo, formula un "catálogo" de derechos y deberes, regula las reglas para la prevención de riesgos laborales y proporciona ciertas garantías económicas.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmó que el texto resultado del acuerdo servirá para "amparar" y "promover" el trabajo de los autónomos, por lo que pidió "responsabilidad" a los grupos políticos en el Parlamento para que faciliten su tramitación.

Por su parte, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, recordó que hasta ahora la regulación legal de los trabajadores autónomos ha sido "parcial" y "diversa", pero que con el futuro Estatuto "se recuperará la especificidad y definición de un amplio colectivo social".

El acuerdo no contó con el apoyo de la Federación Española de Autónomos (CEAT), la cual anunció ayer que el actual anteproyecto de ley no ofrece suficiente seguridad jurídica.

Al respecto, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, explicó que las diferencias con CEAT sólo se refieren a aspectos puntuales del texto, como la obligatoriedad de la protección por cese.

Gómez también señaló que, después del Consejo de Ministros, el anteproyecto deberá pasar por los Consejos de Estado y del Poder Judicial, por lo que estimó que su tramitación parlamentaria se realice a finales de este año y podría entrar en vigencia en la primavera de 2007.