Podemos quiere prohibir los contratos negociados sin publicidad y limitar el importe de los contratos menores

Podemos ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para reformar los procedimientos de contratación pública, el principal "paradigma de la corrupción" en España, y entre otras medidas propone prohibir los contratos negociados sin publicidad y limitar el importe máximo que se puede adjudicar mediante contratos menores, que tienen menos control de las administraciones.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Según se recuerda en la iniciativa, que recoge Europa Press, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en unos 48.000 millones de euros anuales los sobrecostes en la contratación pública que se generan por la falta de competencia real en las licitaciones y por la corrupción.

"Es necesaria una reforma de las instituciones para blindar sus actuaciones de los intereses de una pequeña minoría y hacerla funcionar en pro del conjunto de la ciudadanía", defiende Podemos, alegando que esto es necesario no sólo por razones éticas o de justicia penal sino porque la corrupción "degrada enormemente la democracia, la economía y la seguridad jurídica".

Y es que muchos pequeños empresarios ni siquiera se presentan a los concursos públicos porque "desconfían" de las administraciones y piensan que "siempre serán los mismos, aquéllos que cuentan con trato de favor, sobre quienes recaerán las suculentas licitaciones", lo que perjudica sobre todo a las pymes, que en España participan en este tipo de procesos mucho menos que en otros países europeos, lo que perjudica a la economía.

REDUCIR LA IMPORTANCIA DEL PRECIO

Por eso, la formación morada propone cambios en la Ley de Contratos del Sector Público, como eliminar los procedimientos negociados sin publicidad, dar más transparencia a los procedimientos negociados y limitar los importes que se pueden adjudicar mediante contratos menores, sujetos a menos controles y que actualmente están en 50.000 euros para las obras y en 18.000 euros para el resto de servicios y suministros.

Limitar las posibilidades de modificar los contratos y tipificar un límite máximo de la revisión del precio contratado también son exigencias de Podemos, que cree que debería consultarse a los ciudadanos potencialmente afectados sobre las especificaciones técnicas que deberían recoger los pliegos de condiciones de cada concurso.

Además, el texto plantea la necesidad de "adaptar" las contrataciones públicas a las necesidades de las pymes y, para ello, aboga por reducir la importancia del precio ofertado a la hora de elegir al adjudicatario y primar otros criterios como los sociales, medioambientales, de discriminación positiva a favor de jóvenes o grupos desfavorecidos, o de innovación tecnológica y social.

SEPARACIÓN DE PODERES

Por otra parte, se pide aplicar una "radical" separación entre los órganos de gobierno de las administraciones públicas que contratan y los órganos que deciden a quién se adjudica el contrato, profesionalizar las oficinas que se encargan de este menester e "independizarlas del poder político", reforzando a la vez las competencias del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Por último, se propone crear una plataforma única sobre la contratación pública para todas las administraciones, que facilite la accesibilidad y la transparencia y permita acceder a todos los documentos de todos los expedientes; y obligar a cualquier entidad, organismo o sociedad alimentada mayoritariamente con dinero público a cumplir los mismos requisitos de contratación que las administraciones.