El consejero de Economía y Hacienda cántabro, Ángel Agudo, aseguró hoy que el Estado deberá compensar a Cantabria si finalmente el País Vasco aplica un impuesto de sociedades diferenciado, ya que la región quedará en una "desventaja evidente".
SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)
Para Agudo, el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce a priori suficiente autonomía fiscal a la comunidad vasca para fijar un impuesto de sociedades diferente, "no es una buena noticia" para Cantabria, que no jugará "con las mismas cartas" que País Vasco a la hora de actuar sobre sus políticas fiscales.
Según dijo, si el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco lo admite, Euskadi contará con un "margen de actuación" en materia fiscal del que no disfrutan las demás comunidades, lo cual deja al resto de regiones, y en especial a las limítrofes, en una "desventaja competitiva evidente" que el Estado "deberá tener en cuenta" para articular "compensaciones".
A su juicio, esas compensaciones podrían materializarse en forma de más inversiones para Cantabria o de proyectos impulsados y financiados "conjuntamente" por la Comunidad Autónoma y el Estado.
"Ya que no podemos obtener recursos por una vía o no podemos obtener ventajas competitivas para la instalación de empresas en Cantabria, establecer acciones conjuntas que nos permitan poner encima de la mesa también elementos atractivos para la captación, por ejemplo, de inversiones en proyectos de interés conjunto para el Estado y para nosotros", apostilló.
Junto a ello, si finalmente País Vasco disfruta de un impuesto de sociedades diferenciado aseguró que Cantabria tendrá que hacer valer otros factores positivos con los que cuenta la región, por ejemplo, su localización y su clima social.
Así, destacó la localización cántabra en el centro de la Cornisa Cantábrica y su red de infraestructuras, "que va mejorando paulatinamente"; así como su "clima social inmejorable", que es un "valor económico de enorme magnitud".
Agudo respondió así a preguntas de los periodistas a propósito de la sentencia del tribunal europeo que reconoce la capacidad fiscal de País Vasco y remite al Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad para determinar con precisión si Euskadi cumple con todos los requisitos de autonomía fiscal exigibles.
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