BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la firma de dos contratos de financiación de estudios sobre la construcción del gasoducto Midcat, que debe unir España y Francia a través de Cataluña y cuyo principal objetivo es permitir el traslado de gas de Argelia y las terminales de gas natural licuado (GNL) en España al resto de Europa.
La rúbrica se efectuará en presencia del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, quien ha subrayado que supone "un importante primer paso para integrar los mercados gasísticos de la Península Ibérica con el resto de Europa".
"Para que las empresas y las familias sean capaces de aprovechar todos los beneficios de un mercado energético integrado, la energía debe poder fluir libremente por Europa", ha manifestado el comisario español
Del mismo modo, Arias Cañete ha subrayado que, una vez construido, el Midcat "incrementará la seguridad energética en la UE, especialmente en los Estados miembros más dependientes de un solo proveedor, a la vez que terminará con el aislamiento de otros Estados miembros de las redes comunitarias de energía".
Estas ayudas fueron financiadas en enero, momento en el que el Ejecutivo comunitario detalló una ayuda de 1,5 millones de euros para un proyecto de estudio de ingeniería solicitado por Enagás Transporte, para desarrollar la interconexión de gas, y otros 4,15 millones de financiación máxima para financiar un estudio conceptual o viabilidad de interconexión y de ingeniería básica solicitado por la empresa francesa Transport et Infraestructures Gaz France (TIGF).
En cualquier caso, Bruselas ha señalado que las ayudas procederán del programa de financiación de infraestructuras energéticas 'Connecting Europe Facility' (CEF) y que cubrirán hasta el 50% de los costes reales subvencionables.
La Comisión Europea ha recordado que el proyecto para construir el gasoducto Midcat forma parte de la lista de Proyectos de Interés Común (PCI por sus siglas en inglés) y ha defendido que su "importancia estratégica" fue reconocida en la conocida como 'Declaración de Madrid', firmada en marzo del año pasado por los jefes de Estado de España, Francia y Portugal y por el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker.
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