La presidenta convoca una reunión urgente para analizar la ?Operación Lava Jato?
La investigación sobre el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que fue detenido ayer para ser interrogado en la última fase de la extensa operación anticorrupción sobre el caso de la petrolera estatal Petrobras, ha añadido más presión si cabe a su sucesora política, Dilma Rousseff, que lidia con la mayor recesión económica del país en los últimos 25 años. El Producto Interior Bruto (PIB) brasileño se contrajo un 3,8 por ciento el pasado año 2015, un dato que pone de manifiesto la acentuada crisis que atraviesa la economía que, durante años, fue la locomotora de América Latina.
En una operación sin precedentes, la Policía Federal brasileña registró ayer la vivienda del antecesor y padrino político de Dilma Rousseff en Sao Paulo, así como las casas de varios miembros de su familia y algunos empresarios allegados al expresidente. Tras los registros, Lula da Silva fue trasladado hasta dependencias de las autoridades para prestar declaración en el marco de la Operación Lava Jato que investiga la supuesta red de corrupción de Petrobras, operativa entre 2004 y 2012, que desvió 10.000 millones de reales (unos 3.200 millones de euros) de la petrolera.
Y saltaron las alarmas en Planalto. La presidenta Rousseff convocó a sus ministros del área política con carácter urgente para analizar la fase número 24 del caso Lava Jato. A la reunión asistieron los ministros de la Presidencia, Jaques Wagner, de la Secretaría, Ricardo Berzoini, de Información, Edhino Silva, y de Justicia, Wellington Lima, así como el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo.
Y no era para menos. La Fiscalía de Brasil identificó al expresidente Lula como ?uno de los principales beneficarios? de la trama corrupta en torno a la petrolera estatal, bien mediante inmuebles o a través de donaciones a su fundación, entre otras vías. La Fiscalía puso como ejemplo la reforma de una vivienda de lujo en Guaruja (Estado de Sao Paulo), de una finca en Atibai y de pagos realizados por empresas ya investigadas bajo ?supuestas donaciones y conferencias?.
En el caso del tríplex de Guaruja, Lula se benefició de ?al menos 1 millón de reales (247.000 euros)? entregados por la constructora OAS ?sin aparente justificación?. Esta empresa también aparece relacionada con el pago de 1,3 millones de reales (320.000 euros) a una compañía contratada para almacenar las pertenencias acumuladas durante el mandato presidencial.
El fiscal Carlos Lima explicó en rueda de prensa que un 60 por ciento de las donaciones recibidas por el Instituto Lula proceden de las cinco mayores empresas investigadas en la operación y que el 57 por ciento de los pagos relacionados con conferencias corresponden a estas mismas compañías.
Igualmente indicó que hay pruebas de delitos en la financiación de las campañas y gastos del Partido de los Trabajadores (PT) al que pertenecen Lula y la actual presidenta, en el centro de un cerco de investigación cada vez más estrecho.
