Foment reivindica una ley de huelga que permita declarar un paro ilegal

Barcelona, 23 feb (EFE).- La patronal Foment del Treball ha reivindicado hoy una ley orgánica que regule el derecho de huelga pero también sus límites, y ha planteado incluso que "es necesario articular un procedimiento de declaración previa de la legalidad o ilegalidad de la huelga con anterioridad a su inicio".

En un comunicado, Foment hace esta demanda después de que Barcelona se haya visto afectada por una huelga de metro y paros parciales en los autobuses de la ciudad que han coincidido en el tiempo con la celebración del Congreso Mundial de Móviles.

La huelga en el metro y en los autobuses de Barcelona durante el MWC ha generado malestar en la GSMA, la entidad organizadora del Congreso de Móviles.

En la nota, Foment asegura que la Constitución reconoce el derecho de huelga, pero lamenta que "ningún gobierno haya querido regular" esta cuestión en 37 años.

"Es necesaria una ley orgánica que respete el derecho de huelga y, al mismo tiempo, las garantías que aseguren el mantenimiento de los servicios esenciales", asegura la patronal liderada por Joaquim Gay de Montellà, que forma parte de la CEOE.

La principal patronal catalana recuerda que un decreto "preconstitucional" (data de 1977, un año antes de que se aprobara la Constitución española) es la única norma jurídica que regula este derecho fundamental.

"Es obvio que la actual regulación de la huelga es incompleta, inexacta, genera inseguridad jurídica y es poco acorde con la realidad", apunta esta patronal.

Con estos argumentos, Foment ve "necesaria" una regulación que "haga compatible el ejercicio del derecho de huelga con la tutela de otros derechos e intereses, y que defina con precisión todos los aspectos que se derivan de la convocatoria de huelga".

En concreto, Foment reclama establecer con claridad los servicios "esenciales" para la comunidad y las garantías para su mantenimiento, así como "unas determinadas mayorías" para poder convocar una huelga, ya que las convocatorias de sindicatos minoritarios "no son proporcionadas respecto al daño generado y se prestan a abusos".

Según esta patronal, la actual regulación de los servicios mínimos "comporta que los ciudadanos no puedan ejercer el derecho al trabajo ni a la libre circulación, con un perjuicio irreparable para la actividad económica de las empresas", de forma que convierten convocatorias "cuyo seguimiento habría sido escaso o nulo en garantía de un falso éxito".

El papel de los piquetes es también otra de las cuestiones que debería regularse, ya que se deben impedir "coacciones, intimidaciones, amenazas o actos de violencia".

"Asimismo, deben delimitarse las responsabilidades administrativas civiles, laborales, penales o de cualquier orden que pudieran derivarse en el caso de participación en huelgas ilegales", sostiene Foment, que pretende así evitar que el derecho de huelga perjudique de forma "desproporcionada" a ciudadanos y a empresas.

"Quienes acrediten un interés directo y legítimo" ante una convocatoria de huelga podrán solicitar la declaración judicial previa, de forma que, si el paro no se ajusta a derecho, pueda ser desconvocado inmediatamente, plantea Foment.