
La oferta de Pablo Iglesias al PSOE para alcanzar un pacto de Gobierno incluye condiciones muy difíciles de aceptar para Pedro Sánchez. En su programa, Podemos exige la celebración de un referéndum en Cataluña, una condición inasumible para Ferraz, ya que choca con las líneas rojas marcadas por su Comité Federal.
"Es imprescindible la convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña que permita a sus ciudadanos y ciudadanas ejercer el derecho a decidir sobre su futuro político", sostiene el documento Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías. Conviene recordar que la resolución política del PSOE excluía del diálogo para formar Gobierno a cualquier fuerza parlamentaria que defendiese la consulta catalana.
Además Iglesias mantiene la exigencia de la Vicepresidencia, la creación de una Secretaría de Estado contra la Corrupción directamente dependiente de él, y ostentar el control del CIS, el BOE y el CNI.
En el Partido Socialista no ha gustado un planteamiento con el que Iglesias busca recobrar el protagonismo perdido y que pone a Sánchez entre la espada morada y la pared de sus barones. Un movimiento que aleja las posibilidades de entendimiento y engorda el fantasma de la repetición electoral.
En portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, explicó ayer que el partido recibía el documento de Podemos con "perplejidad, preocupación y decepción", porque esperaba que a estas alturas el líder de Podemos hubiera "asumido" el papel que le corresponde. Visiblemente molesto, el socialista respondía a la contraoferta con duras palabras contra Iglesias: "Pablo, no sabes dónde estás, y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura". Pese a todo, en el PSOE no renuncian a negociar con Podemos, "entre otras cosas, para decirles que no a ese referéndum" en Cataluña, aseveró Hernando.
Fuerte aumento del gasto
El texto, de 98 páginas, incluye una memoria económica que propone un aumento del gasto público de 96.000 millones hasta 2019. La formación morada pretende financiar esa cantidad a costa principalmente de un incremento de impuestos para recaudar 28.000 millones más en los próximos cuatro años y que recaerá, aseguran, en las rentas más altas y en los mayores patrimonios del país.
Subida del IRPF
Podemos prevé recaudar 10.000 millones más vía IRPF gracias a una reforma fiscal que implicaría más impuestos para las rentas a partir de 60.000 euros. Según detalla, a partir de esa cantidad se aumentará "el número de tramos del IRPF y el tipo marginal de cada tramo, desde el 45% actual hasta un 55% para rentas superiores a 300.000 euros anuales".
Impuestos para las empresas
El partido liderado por Iglesias plantea subidas fiscales para las empresas, con las que recaudar 12.000 millones más en la legislatura. Así, propone una reforma en profundidad del impuesto de Sociedades, "con unos tipos efectivos realmente próximos a los tipos nominales, que se fijarán en el 30%". También contempla "un tipo mínimo para las grandes empresas y un tipo diferencial para los beneficios distribuidos y los beneficios reinvertidos, que será del 25%".
'Efecto multiplicador' del gasto
Según los cálculos de Podemos, el crecimiento económico generado por esos casi 100.000 millones de gasto público extra tendrán un "efecto multiplicador" que incrementará los ingresos del Estado en 29.700 millones de euros. La explicación del montante de esa partida resulta un tanto abstracto, ya que la formación se limita a explicar que "el gasto público del Estado genera actividad económica, lo cual se traduce finalmente en un mayor consumo e inversión y, con ello, en mayor recaudación fiscal".
Lucha contra el fraude
La partida destinada a luchar contra el fraude prevé recaudar 12.000 millones. Entre otras medidas, plantea la revisión de la fiscalidad de las Sicav y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros para evitar que sean un vehículo de elusión fiscal de las grandes fortunas y holdings españoles, respectivamente.
Flexibilidad con el déficit
Para poder cuadrar las cuentas, Podemos ve imprescindible retrasar el cumplimiento del objetivo de déficit y que no se sitúe por debajo del 2,3% del PIB hasta 2019, un claro desafío a Bruselas, que exige a España estabilidad presupuestaria para esa fecha. Esa relajación en las políticas de ajuste permitiría liberar otros 26.300 millones. El documento no habla ya de impagos de deuda, pero sí "reestructurar" el montante pendiente de pago a la UE por el rescate bancario.