El juicio a los 8 de Airbus queda visto para sentencia con dos acusados menos

Getafe (Madrid), 12 feb (EFE).- El juicio a los sindicalistas conocidos como los "ocho de Airbus" por su actuación en la huelga general de 2010 contra la reforma laboral de Rodríguez Zapatero ha quedado hoy visto para sentencia, después de que la Fiscalía haya retirado los cargos a dos de ellos y rebajado las penas al resto.

En la cuarta sesión del juicio que se celebra en la sala de lo penal número 1 de Getafe, se han presentado las conclusiones finales de la Fiscalía y de los abogados defensores, tras las cuales el magistrado Abel Téllez ha indicado un plazo de cinco días para dictar la sentencia.

No tendrá que hacerlo sobre dos de los acusados, Edgar Martín y Armando Barco, a los que el Ministerio Fiscal ha retirado en su exposición todos los cargos de los que los acusaba.

En sus conclusiones, la fiscal ha reducido la petición de condena para el resto de los procesados, que ha pasado de los ocho años y tres meses de prisión iniciales a cuatro años y seis meses.

Esta solicitud está dividida en dos años de prisión por un delito contra el derecho de los trabajadores, uno por atentado y seis meses por cada uno de los tres delitos de lesiones que ha mantenido la Fiscal tras el proceso, pues originalmente existía uno más que ha reducido finalmente al nivel de falta.

Para esta decisión, la fiscal ha aceptado como atenuante el pago de indemnizaciones a los agentes y el trabajador agredidos, si bien considera que los testimonios y pruebas presentados han probado que en aquella jornada de huelga en la fábrica de AIRBUS (EAD.PA)(EAD.MC)se produjeron "hechos constitutivos de delito".

En concreto, la fiscal ha hecho especial referencia al incumplimiento del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a quienes "coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga" y que ha dotado al proceso de una especial significación política.

Precisamente la aplicación de dicho artículo es considerada por los sindicatos una amenaza al derecho de huelga e incluso a los "principios democráticos" y partidos políticos como PSOE, Podemos o Izquierda Unida han mostrado durante los últimos días en distintos foros su voluntad de derogarlo.

Según la fiscal, en aquella huelga, los acusados, que se encontraban concentrados a las puertas de la fábrica, llevaron a cabo "tareas que sobrepasan los límites permitidos en el derecho de huelga" dado que la Ley "condena los piquetes violentos" y entiende que allí se cometió una "coacción grave de la libertad ajena".

Ha indicado que los policías que allí actuaron identificaron a Enrique Gil, Raúl Fernández, Rodolfo Malo y Jerónimo Martín como responsables de agresiones e insultos, así como al que fuera presidente del Comité Interempresas de Airbus, José Alcázar, si bien ha reconocido que este mantuvo "una actitud conciliadora".

Sobre el otro acusado, Tomás García, no se ha pronunciado en ningún momento, algo que ha destacado su abogado, que no ha entendido que no fuera exculpado, al igual que Barco y Martín.

El resto de los abogados de la defensa han basado sus alegatos en que no se ha podido probar que sus defendidos cometieran delito alguno y que las acusaciones solo se sostienen en las declaraciones de los policías, en las que se han encontrado "incoherencias".

Han destacado asimismo las "irregularidades" que, a su juicio, se produjeron durante el proceso de instrucción y las identificaciones de los acusados, por considerar que solo se les acusó por pertenecer al comité de empresa o ser afines a este y por haber acudido al servicio médico de Airbus tras haber recibido golpes ese día.

Otro punto de especial relevancia durante la jornada de hoy ha sido el hecho de que uno de los policías que actuaron allí disparase con munición real, conducta por la que el propio jefe del operativo aseguró haberse dado por "finiquitado" y por la cual a este agente se le abrió un expediente disciplinario.

Dicho expediente se encuentra a la espera de resolución, que dependerá de lo que ocurra con este juicio, motivo por el cual los letrados han considerado que los agentes de policía tenían un interés concreto para faltar a la verdad en sus comparecencias.

Los abogados se han apoyado también en los vídeos presentados por la Fiscalía, en los que sus patrocinados fueron identificados en varios momentos sin que se les pudiera acusar de estar cometiendo ninguno de los delitos que se les imputan.

Asimismo, han recurrido a los testimonios de testigos que han asegurado durante el juicio que el piquete no impidió la entrada a los trabajadores que quisieron trabajar y que ninguno de los acusados agredió o insultó a dichos empleados o a los policías.