Grecia necesita inversiones de más de 100.000 millones de euros hasta el año 2022, aparte de las inversiones realizadas actualmente en el país, con el fin de equilibrar la desinversión sufrida por la economía griega en los últimos años y para restaurar la base productiva a los niveles de 2007. Este es el resultado de los cálculos de la Federación de Empresas Griegas, que fueron publicados al cerrar el año 2015.
Las múltiples leyes de inversión aprobadas por el Parlamento a lo largo de los últimos años, como las subvenciones y los incentivos que se han implementando en el código tributario, no han tenido el éxito que se esperaba y la deseada recuperación de la credibilidad en la rentabilidad de las inversiones, tanto extranjeras como domésticas, en Grecia aún no se ha conseguido.
De este modo, el director de la Federación de Empresas Griegas, Theódoros Fessas, dirigió una carta al vicepresidente del Gobierno, Yiannis Dragasakis y al equipo económico de Alexis Tsipras, proponiedo medidas adecuadas y centrándose en la idea de que solamente a través de cambios radicales en las políticas públicas adoptadas, que sugerirán una movilización de la inversión privada significativa, Grecia podrá conseguir una economía abierta y productiva.
Lo que los empresarios griegos proponen al gobierno es fomentar un enfoque de inversión diferente, presupuestariamente neutral y con el objetivo de animar las inversiones rentables. Sobre la base de este elemento, se calcula que para equilibrar la desinversión dramática que Grecia está sufriendo durante los últimos seis años, se requieren inversiones por lo menos de 100.000 millones de euros, además de las ya realizadas anualmente, hasta el año 2022.
Teniendo en cuenta el entorno fiscal y también prácticas exitosas adoptadas por otros países comunitarios bajo semejantes condiciones, la Federación de Empresas propone al Gobierno heleno una serie de medidas. Entre ellas se destaca la eliminación de desincentivos fiscales para revertir el mal ambiente de inversión, tales como la inspección fiscal de todos los usos fiscales abiertos con la aplicación del Certificado de Impuestos, y la creación de asentamientos regionales con el objetivo de la solución de asuntos fiscales pendientes. La Federación estima que la adoptación sólo de estas dos medidas puede impulsar los ingresos públicos por 650 millones de euros anuales.
En el núcleo de las propuestas de los empresarios también se hallan dos propuestas relativas primero a la recompensa fiscal con carácter retroactivo a inversiones productivas que crean rentabilidad, y segundo al fomento de inversiones significativas en tecnología, infraestructura, medio ambiente, industria, manufactura etc., donde se propone la creación de una fiscalidad competitiva estable de un plazo de diez años para las inversiones que generan externalidades positivas con grandes efectos multiplicadores. Por ejemplo, se propone reducir el impuesto al 20 por ciento (del 36 por ciento actual) para las inversiones superiores a los 100 millones de euros que al mismo tiempo llevan a más de mil nuevas contrataciones de personal.
Por otra parte, atraer inversiones sigue siendo uno de los mayores retos para los gobiernos de los años de crisis en Grecia. El sector más atractivo y con mayores oportunidades de rentabilidad en es sin duda el turismo, que a pesar de atravesar años de depresión generalizada, sigue batiendo récords en número de visitantes extranjeros.
Sobre el papel de la banca, los elementos cruciales que determinarán la atracción y el valor de las inversiones, y después de la exitosa recapitalización bancaria, serán la abolición de las restricciones en el movimiento de capitales en el país, la estabilización del sistema tributario y el plan de privatizaciones.
Aumentos en las pensiones de los diputados
Una disposición incluida en el proyecto de ley del Ministerio de Finanzas griego, bajo el título de Ajustes de Pensiones Públicas y otras disposiciones, prevé que las pensiones de los diputados griegos deberán aumentarse de forma retroactiva a partir de 2008 para sintonizarse con los aumentos salariales de los magistrados. Esto sucede porque las pensiones parlamentarias se calculan en cada ocasión en base a los salarios de los jueces. Se deberá desembolsar del Presupuesto del Estado una cantidad que no es para nada insignificante.
Aunque el pago se refiere a un número estricto de miembros retirados del Parlamento, las cantidades planteadas en cada caso llegan a un promedio de unos 100.000 euros, puesto que incluyen aumentos salariares retroactivos desde el 2008. De esta cantidad serán excluidos los recortes e impuestos después del 2010 debido a los memorandos, pero sin embargo la cantidad que recibirá cada diputado retirado no será menor de 50.000 a 60.000 euros.
