La primera privatización en la era de Alexis Tsipras y el Gobierno de Syriza ya es realidad. Unos 14 aeropuertos regionales en Grecia pasaron oficialmente a manos privadas, señalando la exitosa finalización de la primera (y la más emblemática) de las nueve privatizaciones que Atenas acordó con los acreedores el pasado mes de julio.
El acuerdo de esta primera privatización se completó con las firmas entre el Gobierno Griego, el Fondo de Desarrollo de Activos del Tesoro (la empresa estatal encargada de las privatizaciones en Grecia) y el consorcio alemán Fraport Slentel AG, que se representa en Grecia por el Grupo Kopelouzos.
El acuerdo se refiere a la asignación de 14 aeropuertos regionales griegos al consorcio alemán durante un período de 40 años. Entre los aeropuertos en cuestión figuran algunos en las zonas más turísticas del país, e incluso el aeropuerto de la co-capital (como la denominan los griegos) de Tesalónica.
Son los aeropuertos de las islas Mykonos, Santorini, Kos, Rodas, Corfú, Cefalonia, Zante, Mytilene, Samos y Skiathos, el de la ciudad cretense de Chania, de Kavala, de Aktion y de Tesalónica. Según los datos disponibles más recientes, estos aeropuertos atienden a unos 22 millones de pasajeros en base anual (el consorcio alemán prevé un aumento en el tráfico de pasajeros de un 2% al año), y alrededor del 80 por ciento de ellos son pasajeros internacionales.
Por un período de 40 años
La privatización incluye la concesión de uso, gestión, desarrollo, ampliación, mantenimiento y operación de los 14 aeropuertos regionales, así como los sitios de uso comercial u otro, ubicados en el aeropuerto, por un período de 40 años. La empresa alemana Fraport-Slentel AG asumirá la operación de los aeropuertos en el otoño de 2016, cuando va a depositar la suma global de 1.234 millones de euros al Estado griego.
Aparte, se prevé una renta anual garantizada de 22,9 millones de euros, así como una retribución fluctuante en base anual que se calcula en el 28,6% de las ganancias de los aeropuertos, antes de impuestos, intereses y depreciación. En total, los ingresos acumulativos para el Estado griego se calcula que superarán los 10.000 millones de euros, mientras que los beneficios fiscales y sociales se estiman en otros 4.600 millones de euros.
Un importante pilar de esta privatización es la mejora de las infraestructuras de los aeropuertos y la actualización de los servicios a los pasajeros. En el contrato de la concesión de uso se prevén importantes proyectos de renovación y extensión de las infraestructuras dentro de los primeros cuatro años de la concesión, con un coste que asciende a los 330 millones de euros.
En total, la inversión para los 40 años de concesión se estima en unos 1.400 millones de euros. El consorcio propietario se encarga de la reparación y reconstrucción de las pistas problemáticas, las plazas de aparcamiento y las áreas de maniobras de aeronaves. Este aspecto se refiere también a la certificación de los aeropuertos según la legislación europea, que hoy día no cumple ninguno de los 14 aeropuertos en cuestión. Las inversiones necesarias para que se cumpla dicha legislación, y de acuerdo con las estimaciones de los asesores técnicos del Fondo de Desarrollo de Activos del Tesoro, superan los 350 milones de euros. Esta cifra, sin embargo, no incluye las posibles expropiaciones (necesarias en alguno de los casos), que serán sufragadas por el Estado griego.
Dos de los aeropuertos privatizados, los de Chania y Áktion, se usan también para actividades militares. En estos dos casos, el consorcio alemán obtiene los terminales y los aparcamientos de aviación civil, pagará al Estado por el uso de infraestructuras comunes, mientras que el espacio de las pistas y de tranvía permanecen en manos de las Fuerzas Aéreas Griegas. Cabe destacar en este punto que la propiedad de la tierra, de las infraestructuras y de las instalaciones se mantiene en manos del Estado griego.
No se prevé ningún aumento en las tasas aeronáuticas, que actualmente ascienden a 12,7 euros por pasajero de salida. La tasa máxima que se ha incorporado en la concesión se refiere en un máximo de 13 euros por pasajero de salida, y podría ser actualizada sólo de acuerdo con el índice de precios al consumidor vigente hasta la finalización de las inversiones directas en las instalaciones. Al cabo de unos años, las tasas aeronáuticas podrán ser aumentadas hasta los 18,5 euros por pasajero de salida.
