Economía.- Los astilleros españoles estudiarán vías legales para que se reparen daños y perjuicios por caso 'tax lease'

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el 'tax lease' y ha afirmado que estudiará "todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español".

En un comunicado, la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, señaló que con esta sentencia "ha quedado probado" ante la Justicia europea que todo lo que se hizo desde España con el antiguo sistema de 'tax lease' era "totalmente legal y ajustado a derecho".

López del Pozo, que consideró que esta sentencia "es fruto de una ejemplar estrategia de unidad y coordinación entre todos los agentes del sector en España y de un infatigable trabajo jurídico", subrayó que este resultado nunca se habría producido "de no ser por la cohesión con la que se ha actuado frente a un tratamiento discriminatorio por parte de la Comisión y ante una sentencia arbitraria e injusta".

La directiva de Pymar, que destacó también el respaldo de todas las instancias del Gobierno y Ejecutivos regionales, afirmó que es hora de que se "acabe el trato discriminatorio de la Comisión Europea al sector naval privado español".

ANULACION DE LA DECISION DE LA CE.

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado este jueves la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales ('tax lease') para los inversores en astilleros y que obligaba a España a recuperar estos apoyos.

En su sentencia, el tribunal estima que la conclusión a la que llegó el Ejecutivo comunitario, de que las medidas podían "falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales" entre Estados miembros, "no está suficientemente motivada".

El caso se remonta a 2013, cuando Bruselas pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.