El Gobierno andaluz de Susana Díaz ostenta el dudoso honor de ser el que peor ha hecho los deberes a la hora de reducir su sector público empresarial. Al menos es lo que se deduce del inventario de entes públicos que semestralmente da a conocer el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. En esta ocasión, los datos ponen de relieve que, a comienzos del mes de julio de este año, Andalucía contaba aún con 331 compañías públicas, habiendo reducido su número en apenas 26 desde comienzos de la legislatura. Esa reducción es del 7%, la más baja de la España autonómica.
Andalucía es además la segunda comunidad autónoma en número de entes públicos, sólo por detrás de Cataluña, que cuenta con 393. Al menos en este caso, la región puede aducir que es la primera en población en el mapa de España, aunque si la comparación se efectuase respecto al PIB, sería más negativa para la comunidad autónoma: su economía equivale al 14% del PIB español y su número de empresas públicas, a algo más del 22%.
Más allá, la reducción del sector público empresarial es la más baja entre las comunidades autónomas. Solo Extremadura y la Comunidad de Madrid, que han reducido algo más del 9% su número de compañías, presentan registros comparables. La cifra llama aún más la atención poniendo en relación sus datos con la de los más aplicados: Baleares ha reducido su sector público empresarial un 54%; Murcia un 40%; y Castilla-La Mancha más de un 36%.
Baile de cifras
Desde el Gobierno andaluz de Susana Díaz las cifras que se barajan son bien distintas. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, viene repitiendo desde hace meses que uno de los grandes objetivos de la legislatura, que en el caso andaluz comenzó en junio, es el de "la simplificación y reducción de la estructura directiva de la Administración". Según sus cálculos, en los últimos años se han suprimido o fusionado hasta 140 empresas públicas, cifras que no concuerdan en absoluto con las del inventario de Hacienda.
El Gabinete que capitanea Cristóbal Montoro sí aclara que, al margen de las 470 empresas públicas autonómicas que se han suprimido desde el comienzo de la legislatura, hay "otras 176 que se encuentran en procesos muy próximos a su extinción", por lo que en esa lista, aún muy extensa, podría encontrarse una de las razones que explicarían la divergencia de números entre las dos administraciones.
De cualquier manera, Andalucía acumula también un problema de tamaño empresarial en la esfera local, con al menos 350 compañías con todo tipo de formas jurídicas (consorcios, empresas públicas, fundaciones y otras) pertenecientes a los ayuntamientos y diputaciones. En total, junto a las dependientes del Gobierno regional, son casi 700, casi el 20% del total de empresas dependientes de las administraciones territoriales de todo el país.
Reducción global importante
Pese a que el esfuerzo de reducción es dispar entre unas regiones y otras, los datos globales ofrecidos por el Ministerio de Hacienda ponen de relieve un ajuste importante a lo largo de la legislatura. En concreto, el número de empresas públicas autonómicas ha descendido un 20,8%, con un total de 471 compañías fuera del mapa. Así, si a comienzos de 2012 el número total era de 2.245, ahora es de 1.778. La cifra es ya inferior a la de hace diez años y similar a la de hace once: a principios de 2005 el número de compañías públicas autonómicas era de 1.784.
Pero, más allá de su reducción, el esfuerzo de ajuste se aprecia sobre todo en el pasivo de las compañías. A comienzos de 2012, y según datos del Banco de España, su deuda superaba los 9.561 millones de euros. Ahora es de 5.344 millones, un 44,5% menos en apenas tres años y medio. La cifra llama más aún la atención cuando descubrimos que la deuda de las compañías dependientes de la Administración Central no solo no ha cedido, sino que ha aumentado. En concreto, en 2012 se situaba en los 31.677 millones de euros, y a finales del segundo trimestre de este año superaba los 33.000 millones, 1.400 millones de euros más.
Por regiones, la reducción más impactante es la de las Islas Baleares, que ha pasado de 174 entes públicos a 79, un 54% menos. Por número, la comunidad que más ha eliminado ha sido también Baleares, con 95, seguida de Cataluña, que ha suprimido o fusionado un total de 80. En tercera posición, y muy alejada de las dos primeras, se encuentra la Comunidad Valenciana con 45 entes públicos menos.
El número de entes cae lo mismo que subió de 2004 a 2011
El Ministerio de Hacienda recordó que los fondos de financiación puestos a disposición de las autonomías para atender servicios públicos y pagar a proveedores ha actuado como un estímulo para ellas a la hora de reducir y ajustar su sector público.
Eso, dice el gabinete de Montoro, ha sido crucial para que el número de entidades dependientes de las regiones se haya reducido a lo largo de la legislatura en 461. Por contra, y durante las dos legislaturas anteriores, el número de compañías públicas aumentó en 467, con Cataluña y Baleares como las más prolíficas en este sentido. Sólo Navarra (-2) contuvo la cifra en este periodo.
