El presidente de la consultora Economía, Empresa, Estrategia (EEE), Pedro Luis Uriarte, que en 1981 fuera presidente de la comisión negociadora con el Estado para la Ley del Concierto Económico, hizo un llamamiento a la sociedad vasca, pero especialmente a sus agentes económicos y empresariales, para que defiendan el Concierto Económico frente a los "injustos" y "generalizados" ataques que está padeciendo este mecanismo de financiación foral, que es previo a la Constitución Española.
A través de un estudio titulado "El Concierto Económico Vasco una visión personal" Uriarte documenta cómo el sistema de financiación foral vasco no es un privilegio y que ha sido rentable para las arcas del Estado, ya que el "cupo bruto" a pagar desde 1987 suma 123.159 millones, cifra que descontadas la serie de compensaciones financieras, arroja un pago neto de 23.006 millones (4.400 millones más de lo que se hubiera pagado si el criterio de fijación de cupo hubiera sido el de la población y no el PIB).
Esto choca con los rescates financieros que han recibido otras comunidades autónomas en los últimos años, que el propio Uriarte cifra en 209.597 millones (pagos atrasados a proveedores, fondos de liquidez y otras ayudas) de las que Euskadi no ha recibido ni un euro, porque el Concierto le obliga a ser autosuficiente en sus competencias propias, sin posibilidad de rescates. Esto hizo que el Tribunal de la UE reconozca el sistema fiscal vasco.
Rechazó que además Euskadi sea un paraíso fiscal, ya que se paga más que en otras CCAA, por ejemplo, más que en Madrid.
Uriarte recalcó que el Concierto no es una "varita mágica", que si ha dado buenos resultados es porque desde Euskadi se ha "gestionado bien". Criticó con dureza que otras comunidades autónomas quieran que desaparezca el Concierto o ahogar a Euskadi elevando mucho el cupo a pagar, cuando lo que se habría demostrado que es un modelo efectivo y su desaparición no solucionará los problemas financieros de las otras CCAA. Arremetió contra Cataluña por atacar el Concierto, cuando lesa comunidad fue la que lo rechazó en la Transición y relaciona el problema catalán con la mala gestión.
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